• Roberto Veiga González

VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba jubila a Raúl Castro

Actualizado: jul 22


Introducción

El VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) sesionó en La Habana del 16 al 19 de abril de 2021. Asistieron escasos delegados con una agenda mínima y una organización burocrática previa —no política— que tuvo una menor cobertura de prensa en comparación con los anteriores conclaves de esta índole. Ello no fue el resultado de insuficiencias organizativas sino de una maniobra ante el reto que remueve al poder.

La cita formalizó el traspaso del Estado cubano de la “generación histórica” a sus “herederos políticos”, aunque esto no signifique el cese de la influencia política de quienes marchan al retiro mientras conserven algún signo vital. Incluso permanecerá una troika cubana, como la de Deng Hsiao-ping al retirarse, con el general Raúl Castro, el comandante Ramiro Valdés y el Héroe de la República, José Ramón Machado Ventura.

A la vez se determinó el dispositivo que debe lograrlo. Para ello el PCC podría iniciar una tensión entre los modos de un partido “ideológico” y los de un partido de “poder”. Sobre esto discurriré a continuación, si bien subrayo la complejidad de hacerlo por la carencia de información y porque, dada la inmediatez, no han sucedido acontecimientos posteriores que permitan contrastar esta aventurada hipótesis.


Contexto de emergencia

Dicha transferencia suigéneris ocurre en medio de una agudización de la crisis cubana. La que tiene lugar debido a la combinación de un modelo económico ineficaz con una excesiva dependencia económica de Venezuela —se suman las consecuencias de la crisis en ese país—, con las presiones que provienen de la Casa Blanca y con la carencia de voluntad gubernamental para permitir una sociedad civil empoderada.

Todo ello se agrava por una especie de colapso a causa de la COVID-19. Esto ha elevado los índices de empobrecimiento y desigualdad que empeoran por la ausencia de turismo, la dolarización forzosa de la economía y una reducción de las remesas familiares debido a los efectos propios de la pandemia.

Signada además por la aparición de nuevos actores de la oposición pública que abogan, desde perfiles culturales, políticos y de defensa de derechos de minorías e identidades particulares, por una democratización efectiva. Mientras, la militancia del PCC resulta un por ciento pequeñísimo —con un incremento último sobre todo estadístico y diminutamente real—, con poca empatía entre las preocupaciones sociales de la mayoría de ellos y los posicionamientos cotidianos de la jerarquía, y con una conducta militante dentro de los organismos del Partido y el Estado apocada en la sociedad y, en no pocos casos, hasta disconforme dentro de sus círculos allegados.


¿Poder versus bienestar?

En este contexto los organizadores del conclave destacaron el imperativo de conservar el poder; además, conscientes de que para la sociedad presente la legitimidad de la autoridad radica en su eficacia para garantizar el bienestar social e individual. Pero se implicaron en ello atrapados por las debilidades.

Decidieron presentar problemáticas económicas y sociales, pero, en general, no debatir acerca de soluciones sino indicar los riesgos que implicarían. La búsqueda de soluciones esbozaría una necesaria apertura económica y también política, pero los riesgos desprovistos de soluciones inclinarían hacia el sustento del poder a modo de estrategia principal e ideología única.

Tres comisiones orientaron esta dinámica. La primera sobre asuntos económicos y sociales; la segunda sobre ideología, relaciones con “las masas” y trabajo del Partido en las actuales y futuras circunstancias; y la tercera sobre la política “de cuadros”. A propósito, “masas” y “cuadros”, son conceptos intempestivos para individuos y sociedades de esta época.

Como consecuencia, las intervenciones sobre las nuevas características de las antiguas dificultades, nunca a manera de debate, solo repitieron viejas preguntas y respuestas. También centraron la atención en que las añejas formas económicas y de propaganda ideológica debían conseguir la cualidad que no lograron en seis décadas. Con la decisión de rechazar a priori que estas, para lograr algún éxito, tendrían que integrarse a otras realidades económicas y políticas aún preteridas.

De este modo, quizá lograron establecer una estrategia acerca de la preservación del poder, pero sin política. Ello, a su vez, en medio de una sociedad que ensancha de forma plural su capacidad de enfocar la política.


¿Hacia un partido de poder?

La preparación del Congreso no incluyó a las bases del PCC ni a otros sectores sociales. Quizá estos hubieran incorporado una perspectiva acerca de urgencias nacionales. El hábitat del cónclave fueron las direcciones provinciales y municipales del Partido y el Gobierno, y los directivos de los Órganos de la Administración Central del Estado y las organizaciones de masas. Ámbitos inclinados hacia la ejecución de las directrices del poder.

Ello también caracteriza la composición del nuevo Comité Central con 115 miembros. De estos, 31 son cuadros del PCC, 18 del Gobierno, 10 del Estado y otros 27 son burócratas. Doce son militares en activo, 8 científicos y tecnólogos, 5 educadores y 4 especialistas de salud. Del total, 51 están vinculados al ámbito de los generales Raúl Castro y Luis Alberto Rodríguez López-Calleja —exyerno de Raúl, jefe del Grupo de Administración Empresarial, SA (Gaesa) e incorporado por primera vez al Buró Político del PCC—, 53 son mujeres y 62 hombres; 27 son mestizos y 88 blancos. A la vez, las otrora llamadas bases del PCC no integran este Comité Central, carente de obreros, intelectuales y campesinos —debido a que el único miembro relacionado con lo agropecuario preside una cooperativa a modo de empresario—.

Acaso esta contextura opera al servicio de las prioridades del nuevo Buró Político (BP), donde tal vez ocurriera la única maniobra. A lo mejor quienes sobreviven del entorno del poder real (los cuales han sido personas que colaboraban con Raúl Castro en el sostenimiento del poder, con independencia de que pertenecieran al Parlamento, al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros, al Buró Político, al Ministerio de las FAR, al Ministerio del Interior o a ninguno de estos entes distintivos) tomen cuerpo en este órgano operante, donde quedarán integradas en las mismas personas la “custodia de las puertas del templo” y la “gestión del pan de cada día”.

De esta manera se decidió que el BP tuviera 14 miembros y de ellos 9 resultaron seleccionados cuidadosamente de acuerdo a las necesidades del poder. Cinco de estos 9, además, provienen de las fuerzas militares, ya no con visos de representar los ámbitos armados sino para rectorar directamente la gobernanza. Los otros 5, acaso, fueron nombrados apreciando convencionalismos.

El 64% de los miembros del BP, o sea, los seleccionados cuidadosamente, está compuesto por:

- Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al frente del Estado y el Partido.

- Esteban Lazo Hernández, quien ejecuta la formalización legal de las decisiones a través del Consejo de Estado y la Asamblea Nacional del Poder Popular.

- Roberto Morales Ojeda, encargado de las funciones del PCC.

- El general Álvaro López Miera, ministro de las FAR.

- Bruno Rodríguez Parilla, a cargo de las relaciones internacionales.

- El general José Amado Ricardo, secretario del Consejo de Ministros.

- El general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, presidente del grupo empresarial de las FAR.

- El general Lázaro Alberto Álvarez, ministro del Interior.

- Manuel Marrero Cruz —también oriundo de las FAR— quien a cargo del Gobierno asegurará el cumplimiento de las decisiones.

Fue renovado, de igual manera, todo el secretariado del PCC —órgano encargado de gobernar el trabajo ordinario de la agrupación con integrantes que ejecutan a modo de dirigentes y de funcionarios a la vez; si bien en unas ocasiones robustecen las funciones directivas y en otras de funcionariado—. Por la composición actual, a priori, quizá prevalecerá esta última, aunque Rogelio Polanco, a cargo de las funciones ideológicas, pudiera asumir algún carácter directivo. Tal vez para seleccionarlo fue considerada su labor como dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), fundador de la Mesa Redonda, director del periódico Juventud Rebelde, embajador de Cuba en Venezuela, diputado y rector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. El secretariado se subordina directamente a Miguel Díaz-Canel y Roberto Morales dirige su cometido.

No se eligió a nadie para el cargo de Segundo Secretario del PCC, ocupado históricamente por el general Raúl Castro y durante los últimos 10 años por José Ramón Machado Ventura. Se desconoce si esa responsabilidad desapareció y quedó vacante provisionalmente, pues no ofrecieron explicación sobre ello.

La actual disyuntiva simbólica a definir, en particular dentro del BP —como órgano operante ahora suigéneris— quedó esbozada cuando José Ramón Machado Ventura alegó en el Congreso que el PCC es el “Alma de la Revolución”, mientras que el general Raúl Castro invocaba que el “Alma de la Revolución” pertenecía al Ejército.


Oportunidad o fracaso

Un partido de poder sería más práctico al nuevo BP y de algún modo también a otros, si resulta de un alejamiento de las ideologías “filosóficas/científicas”, las cuales tienden a una religión/política que suele asfixiar la libertad de todos, inclusive de quienes la profesan.

Tales agrupaciones intentan una supremacía exclusiva alrededor del poder, el mayor control posible sobre este, una percepción de partido de Estado y una identificación con la prosperidad. A la vez, comprenden la necesidad de discursar sobre el bienestar social y, para ello, reducen dogmas, doctrinas, consignas, cualquier postergación del provecho colectivo, toda justificación del fracaso. Entienden el imperativo de que la pluralidad participe en todos los ámbitos, como la economía y la propia política, porque solo de esta manera existen desarrollos y dinámicas sociales que le permiten legitimidad y poder. Intuyen, quizá con cierto éxito, que para obtener lo que aspiran, los otros también deben satisfacer aspiraciones. El PRI de México se aproxima a este modelo.

Pero resulta dudoso que el PCC se proponga este nimio corrimiento. El mandato recibido reclama fidelidad a una formulación absoluta. Por ejemplo, abunda claridad acerca de la precariedad económica y el modelo económico deficiente, pero se decreta la no evolución de este porque ello transferiría capital económico y político a la ciudadanía. Queda descartado cualquier desempeño autónomo de las profesiones y se refrenda que todo avance hacia un empresariado privado cubano será el más escuálido posible.

Lo anterior perjudica la instauración de un modelo económico de desarrollo y entroniza un discurso ajeno al bienestar, uno dogmático. Esto perjudica a todos, incluso al poder, pero genera en este una equívoca percepción de control y ventaja. Ello, además, distorsiona la denominada lucha ideológica que, al parecer, indica una gestión por la implicación social y una confrontación con quienes consideran enemigos. En tales circunstancias dicha labor solo incorporaría eslóganes vacuos y un modus vivendi al menos de guerra fría con quienes defienden otras aspiraciones, junto a una batalla fiera en contra de las libertades políticas, de prensa y asociación.

Estudiosos de las tendencias del poder en Cuba, refiriéndose incluso a momentos de última instancia, corroboran cuasi algorítmicamente que el PCC jamás renunciará al verticalismo leninista. Aunque algunos indican que, llegado ese instante, la actual religión/política podría confinar “dogmas de fe” si de ese modo preservara sus “templos”, único patrimonio cierto.

Acerca de ello varios expertos subrayan que no ocurrió un retroceso del llamado trabajo por cuenta propia en el archipiélago, ni fueron deslegitimados los cánones constitucionales recién incorporados que permitirían las formas de propiedad económica estatal, cooperativa, privada y mixta; no prohibirían la concentración de riqueza, sino que la orientarían hacia la redistribución; e inclusive admitirían que los bienes del Estado puedan trasmitirse en propiedad privada en casos excepcionales, con la sola aprobación del Consejo de Ministros, sin tener que consultar a la Asamblea Nacional, dado que se trata de bienes públicos.


Final

Es necesario comprender los signos de este cónclave y conocer cómo sucede el traspaso de poder de la “generación histórica” a sus “herederos políticos”. Pero resulta ineludible entender, además, que quizá en la sociedad acontece lo más importante, al margen de las instituciones. Al respecto, el Congreso se equivocó nuevamente, porque ninguna fuerza política que intente el futuro puede hacerlo prometiendo el pasado.

La historia futura de Cuba aún no está escrita.



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