• Juan Ruiz Goyco

Sobre el derecho de la educación: una visión desde Puerto Rico


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Uno de los debates recientes en nuestra región nuestramericana sobre el acceso a la educación: ¿es posible sostener la educación pública universal extendida y elevada hasta el fin de la enseñanza media, máxime cuando es un país pobre, dependiente y en mi caso colonial? ¿Es posible garantizar «el derecho» de los padres a escoger la educación de su preferencia al margen de la educación pública?


En Puerto Rico, país caribeño colonial, el Departamento de Educación local depende para su política pública del Departamento de Educación federal, de modo que cualquier asunto de política pública local con respecto a la educación que se ofrece debe estar regido por los parámetros que se establecen fuera del territorio. Esto provoca diferentes contradicciones, no solo en la parte administrativa, sino en los propios docentes y estudiantes. El incumplimiento de las normativas que se imponen y se ejecutan a través de la élite que dirige el Departamento de Educación local ―entiéndase burócratas y miembros afines del partido local en el poder― tiene consecuencias en los presupuestos que se otorgan a la agencia.


En Puerto Rico la educación es gratuita hasta la escuela superior (duodécimo grado), se les garantiza a las y los estudiantes desayuno, almuerzo y transportación. Además, por disposición federal el estudiante que necesite una educación diferenciada y que tenga ciertas discapacidades, el Departamento de Educación tiene que proveerle los servicios necesarios. En primera instancia da la impresión de que todas las necesidades del estudiante se están atendiendo y que los recursos están disponibles para las comunidades escolares, ya que el Departamento de Educación es la agencia con el mayor presupuesto del país: $5 064 491 000.[1]


Sin embargo, la realidad es otra: no se están atendiendo de manera efectiva las necesidades de los estudiantes con diferentes discapacidades, el servicio de transportación es subcontratado por diferentes compañías privadas que en su mayoría son donantes de campaña de los políticos de turno. La comida que se le provee a los estudiantes luego del cambio de las guías nutritivas es en su mayoría comida enlatada. A pesar de contar con un presupuesto robusto, el mismo se queda en contratos de accesorias y subcontratación de compañías privadas que provean capacitación mediocre para los docentes. La realidad es que en los últimos años la precariedad en las aulas de Puerto Rico es más que evidente. Las imposiciones de las medidas neoliberales han llevado a cerrar escuelas públicas de manera más agresiva desde el año 2011 hasta el 2021, para un total de 639 escuelas. Desde la imposición de la Junta de Control Fiscal,[2] creada por el Congreso de Estados Unidos, se ha impulsado el cierre masivo. Entre los años 2017 y 2018 se han cerrado 438 escuelas. La mal llamada «Reforma Educativa», creada en 2018, fue una reforma administrativa del sistema educativo impulsada por la contratista estadounidense y hoy convicta por corrupción Julia Keleher; estuvo impulsada por la Junta de Control Fiscal, con el apoyo de la administración del partido anexionista PNP.


De modo que la educación pública está bajo acecho de los intereses neoliberales, pero también del neoconservadurismo. La alianza entre neoliberales y neoconservadores impone una educación tecnificada y en contra de una educación con perspectiva de género. En la lógica del discurso «a mis hijos los educo yo», para los neoconservadores no cabe en la educación formal la enseñanza de los elementos éticos. Según los que así piensan, la formación de valores éticos no concierne a los educadores profesionales, sino a la institución familiar. Esto en un país en que cada quince días dos mujeres son asesinadas a manos de exparejas o parejas.


El discurso neoconservador es muy cónsono con el discurso neoliberal en la educación, por el cual el pensamiento es disciplinado para que las y los estudiantes no cuestionen la realidad objetiva, mientras se siguen impulsando medidas económicas que nos llevan a la precariedad.


Para el discurso conservador, el problema radica en que el apoyo, desde la educación formal, a otros modelos de familia y al surgimiento de otras identidades pone en crisis la «santa institución de la familia». Así las cosas, no fue casual que durante la pandemia de covid-19 neoconservadores y neoliberales fueran los impulsores de la entrada de los docentes y estudiantes con pobres medidas sanitarias, y parte de la justificación era la negación del virus.


En mi opinión, una educación pública sin cuestionamientos ni debates al interior de esta es presa fácil de los que creen que la escuela pública es un gasto y solo aquellos que puedan pagar deben tener acceso a una formación de calidad. Por su parte, las sociedades latinoamericanas observan el crecimiento y empoderamiento de sectores neoconservadores que prefieren y luchan para lograr que niñas, niños y adolescentes sean educados de acuerdo con sus visiones religiosas, excluyendo o limitando el contacto con la diversidad y la pluralidad de pensamiento y visiones de mundo.


Ambas vertientes son funcionales al mantenimiento del statu quo de las relaciones de opresión, explotación y dominación.


En Puerto Rico y en América Latina urge la defensa de la educación pública, de calidad, que promueva la diversidad y el pluralismo, así como el pensamiento y las prácticas liberadoras. Una educación pública en la que haya debate, intercambio de ideas, pero nunca imposición de un pensamiento sobre el otro o discriminación de cuño ideológico.


En el pensamiento pluralista no tienen cabida las ideas racistas, machistas y xenofóbicas. Es desde ahí que la educación pública tiene una función social; de lo contrario, es una educación automatizada, adoctrinadora y alienante que produce sujetos obedientes, no ciudadanos activos. La apuesta es a la transformación de la educación pública y de paso, simultáneamente, cambiar la sociedad.





[1] Datos provistos por la Cámara de Representantes. Para más información véase: https://www.camara.pr.gov/el-departamento-de-educacion-presenta-presupuesto-que-asciende-a-5064491000/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-departamento-de-educacion-presenta-presupuesto-que-asciende-a-5064491000#:~:text=El%20Departamento%20de%20Educaci%C3%B3n%20presenta,de%20Representantes%20de%20Puerto%20Rico [2] Ley Promesa Oversight, Management and Economic Stability Act de 2016 (Promesa), creada por la administración de Barack Obama, por el cual el Congreso nombra personas que administrarán el presupuesto del país, cuyo fin es promover el pago de la deuda impagable de Puerto Rico y cuyas medidas incluyen el recorte de servicios a la población. Para más información del alcance de esta ley colonial véase: https://aldia.microjuris.com/promesa/

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