• Elaine Acosta

Será imprescindible un nuevo pacto social


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Responde a Cuba Próxima Elaine Acosta, socióloga y directora ejecutiva de Cuido60-Observatorio sobre Envejecimiento, cuidados y derechos.


1- Desde su perspectiva, ¿cuál es la situación de los Derechos Humanos en Cuba en estos momentos?


En estos momentos, lamentablemente, nos encontramos en una situación de altísima vulneración y fragilidad en el respeto por los Derechos Humanos en la isla. Los diferentes indicadores arrojan una precaria situación para el accionar cívico y ejercicio de todos los derechos en Cuba. Es un proceso que no puede verse desligado de la crisis estructural de carácter multidimensional que afecta a la sociedad cubana. Por lo tanto, las violaciones a los Derechos Humanos se registran en todos los órdenes políticos, económicos, civiles, sociales y culturales. La falta de respuesta -o las respuestas inadecuadas- al creciente malestar social por parte del Gobierno cubano, la inmutabilidad del sistema político y su diseño institucional, el aumento de los mecanismos de represión y su mayor visibilización, junto a la criminalización de la protesta y las altas condenas a los manifestantes del 11J han ido generando crecientes tensiones y mayores niveles de conflictividad social en los que se expresan cada vez más vulneraciones a derechos fundamentales que van desde la libertad de expresión hasta la alimentación y la salud.


Pero al mismo tiempo, este proceso ha venido acompañado de una creciente conciencia de su vulneración por parte de la ciudadanía en general y de una agencia de parte de muchos grupos, asociaciones y periodistas independientes, pero también de ciudadanos y ciudadanas que han aprendido y ejercitado la reclamación de esos derechos vulnerados a través de un cada vez más diverso dispositivo de acciones. El abanico de grupos y organizaciones de carácter independiente se ha ampliado, pese a las enormes restricciones, vigilancia y acoso. El tejido asociativo y su capacidad de agencia ha crecido y se ha diversificado, no obstante, la falta de un marco legal y de garantías para su ejercicio.


2- ¿Cuáles usted considera que son las violaciones de Derechos Humanos más frecuentes en Cuba?


Si bien pueden parecer los derechos políticos y civiles los más visibles y violentados en la isla en los últimos años, lo cierto es que lo que se ha venido produciendo en la sociedad cubana, especialmente desde los años noventa, es una negación concatenada de derechos, resultante de un agotamiento del modelo político y de sociedad, de su déficit democrático y de las múltiples crisis que afectan a la sociedad en su conjunto.


El carácter regresivo en términos sociales de las reformas gubernamentales propuestas desde el 2008 ha resultado en la configuración de un patrón de vulnerabilidad social aparejado de un aumento de la pobreza, la desigualdad y la estratificación social, en el que se han ampliado las poblaciones en riesgo, sin que se rediseñen las políticas sociales para disminuir estas brechas sociales. Antes bien, han ido en la dirección contraria de lo que se supone debe ser una política social y económica en un contexto de crisis estructural, restringiendo aún más los derechos sociales y económicos.


3- ¿De acuerdo con su experiencia personal, qué mecanismos de garantía de los Derechos Humanos existen en Cuba y diga si considera que estos son efectivos?


El sistema de gobierno en Cuba, con su régimen de partido único, mediante la consagración del artículo 5 de la nueva Constitución de 2019, que establece que el Partido Comunista (PCC), es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, ofrece escasísimos mecanismos efectivos de garantía de los Derechos Humanos. La ausencia de independencia e imparcialidad, tanto del poder judicial como del legislativo, el uso descontrolado de decretos leyes del Consejo de Estado (los decretos leyes son cuantitativamente más importantes que las leyes), así como la reciente aprobación del nuevo Código penal son indicadores suficientes de falta de voluntad política para gestionar con mínimos democráticos una sociedad en crisis y ofrecer garantías mínimas a la protección de los Derechos Humanos.


El actual sistema de defensa de derechos por parte de los ciudadanos en Cuba está centrado en la vía administrativa. Un camino que ofrece menos garantías de obtener una resolución favorable, ya que la queja se plantea ante la misma administración pública que fue la responsable de la supuesta vulneración. En síntesis, se trata de un orden político donde las oportunidades de participación y protección de los derechos de la ciudadanía se despliegan en niveles precarios, como resultado de las acciones de control y represión del Gobierno hacia cualquier forma de autoorganización y autonomía.


4- ¿Qué instituciones políticas, jurídicas o sociales usted propondría para una mejor garantía de los Derechos Humanos, tomando en cuenta su experiencia de vida?


Considerando que Cuba es uno de los pocos países de América Latina que no cuenta con ninguna institución especializada en la protección de los Derechos Humanos; es inmenso el desafío de generar las condiciones, capacidades y competencias para la creación de instituciones que posean como función primordial brindar auxilio, asesoría y representación jurídica a personas naturales o jurídicas, por violación de derechos. La creación de una figura de la “defensoría del pueblo”, por ejemplo, que goce de inmunidad y se rija por los principios de gratuidad, accesibilidad y celeridad, puede ser una de las vías.


En paralelo, teniendo en cuenta el contexto actual de la isla y las dificultades para su reconocimiento legal, es imprescindible el fortalecimiento de las diversas agrupaciones de la sociedad civil, la formación y desarrollo de competencias en activistas y ciudadanía en general en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, en toda su expresión, respetando la mayor pluralidad y autonomía posibles. Esto implica reivindicar toda forma de expresión colectiva que integre voluntades para el desarrollo de agendas y espacios ciudadanos que favorezcan el asociacionismo autónomo en la Cuba actual amplíen el debate cívico sobre los derechos y los mecanismos de su defensa ciudadana.


5- ¿Usted considera que el diálogo y la negociación son instrumentos válidos para superar las violaciones de los Derechos Humanos en Cuba o cree pertinente otras vías para alcanzar este objetivo?


El diálogo y la negociación siempre serán instrumentos válidos para superar las violaciones de los Derechos Humanos, pero no son los únicos ni suficientes. En ese horizonte, las experiencias internacionales como las Mesas de Diálogo y las Comisiones de Justicia, Verdad y Reconciliación son resultantes de procesos de conversación y diálogo social. Ahora bien, varios caminos están abiertos, no necesariamente excluyentes y con un conjunto significativo de obstáculos.


Los mecanismos jurídicos requieren trabajarse de conjunto con el diálogo y la negociación, tanto a nivel de la documentación de violaciones a los Derechos Humanos, como de los procesos y vías judiciales que deben agotarse para procesar las violaciones. Los trabajos de organizaciones como Justicia11J y Cubalex tras el estallido social del 11J han sido esperanzadoras al respecto. También es necesario que las reglas de juego político sean transformadas hasta producir un nuevo orden (democrático) que influya en la capacidad decisoria y los intereses de los actores en la promoción de un orden respetuoso y garantista de los Derechos Humanos. Esto requiere de un proceso de democratización, de forma que las normas democráticas se convierten en el mecanismo básico para la toma de decisiones en todo orden y para la delimitación del ejercicio del poder. Para que ello sea posible, las estrategias, aprendizajes y alianzas múltiples que se desplieguen desde la sociedad civil cubana transnacional serán imprescindibles en la elaboración de un nuevo pacto social.



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