• Manuel Cuesta Morúa

República estable y despenalización de la política


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En El pueblo contra la democracia, el politólogo germano-estadounidense Yascha Mounk describe y examina cómo los populismos fatigan y liquidan a las democracias, democráticamente. Javier Corrales, profesor de ciencias políticas, hace otro tanto en Legalismo autocrático, pero demostrando en su caso el modo en que esos populismos, en su transformación autocrática, estrangulan legalmente, esta vez, a las repúblicas.


Parece haber una doble contradicción en que, por una parte, se destruya o, en el mejor de los casos, se vacíe a la democracia en nombre del pueblo en el núcleo de su definición como decisión de las mayorías y que, por otra, se desproteja al mismo tiempo al pueblo debilitando u atacando el modelo republicano―en todo su diseño institucional y en su base más profunda―, que garantiza la igualdad de todos en y ante la ley. Y la contradicción, que existe, pasa determinadas pruebas de legitimación porque todo esto se hace desde el doble paradigma de la democracia y la soberanía del pueblo.


Estos dos enfoques son especialmente relevantes para entender y calibrar ambas nociones, la de democracia y la de república, cuando hablamos de Cuba. Más, cuando añadimos un dato de contexto: a inicios del siglo XX, Cuba es posible como nación solo en la fuerte confluencia del modelo y relato republicanos con el modelo y relato democráticos. No solo porque las Américas se tienen que definir contra las monarquías europeas adoptando la república a largo del siglo XIX, sino porque el debate de los padres fundadores de la nación estuvo particularmente marcado por la crítica al tipo de república caudillista que se había instaurado en América Latina.


Para cuando Cuba se estrena como nación-Estado la discusión monarquía-república, que mantenía desvelado, por ejemplo, a Simón Bolívar, estaba superada por la discusión ya más crucial en torno al tipo de república que deberíamos darnos los cubanos. Por cierto argumento, olvidado por consabido, contra la idea de que los paradigmas de libertad, rol de la ciudadanía o democracia son importados e importados en el debate político actual.


La relevancia de aquellos dos enfoques tiene que ver, sin embargo, con otra perspectiva más crítica. Hasta la caída del Muro de Berlín (1989) la controversia alrededor de los conceptos de república y democracia, más sobre este último, se decidía y enmascaraba en la disputa ideológica socialismo-capitalismo. La realpolitikzanjó la gresca teórica e intelectual aceptando dos posibilidades distintas, y en competencia, de entender y practicar la democracia y los modelos de Estado. Luego de 1989, el triunfo de la democracia liberal como arquetipo global para la constitución de los Estados devaluó aquella disputa y la confinó a centros marginales de pugilato ideológico.


Fue y es precisamente la expansión democrática mundial la que permite despejar el enfoque ideológico del análisis del republicanismo, de la democracia y, como sabemos también, del constitucionalismo, homologando ya a casi todos los países bajo unas referencias compartidas. Seguirán existiendo por supuesto distintos modelos de democracia, así como han existido de república, pero todos pierden su esencia ideológica a favor de otros criterios de funcionalidad, institucionalidad, niveles de participación y, muy significativo, de cultura, identidad e historia.


Esta expansión provoca otros tres fenómenos a los que tampoco escapa Cuba: la crisis de las democracias en sus propios centros, el nacimiento de los nuevos populismos democráticos, y el surgimiento de las democracias identitarias o iliberales que tratan de legitimarse en alguna u otra tradición.


Contrario a lo que podría pensarse, la crisis de la democracia liberal no supuso ni supone una buena noticia para la “democracia socialista” cubana y su concepto republicano. Estos obtuvieron su fuerza de la estabilidad de aquella, loque le permitió y fortaleció su controversia narrativa con un campo separado y distinguible. Pero cuando la democracia liberal entra en crisis y se abre a su propia crítica sin más competencias en el horizonte que las de aquellas notas distintas dentro de una misma partitura, la “democracia” y la república cubana quedan por debajo de toda crítica y consideración posibles como modelos. Tienen que empezar a mirarse a sí mismas en su falta de contraste. Y hace sus contorsiones defensivas: la “democracia”, pongamos por caso, va dejando de llamarse socialista para llamarse participativa. Al menos de puertas afuera.


Los nuevos populismos no vienen en su ayuda. El Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, que es el punto de partida de la modernización de aquellos en la región, recupera con fuerza las nociones de soberanía popular y poder ciudadano; dos fuertes tensiones en el modelo político cubano. Y las democracias iliberales no son fuente de inspiración: su fundamentación en lo étnico, en el nacionalismo o en la tradición no son una elección para el poder en Cuba: lo devolvería a un ejercicio de restauración del pasado contrapuesto a su narrativa.


Crisis ideológica, crisis paradigmática, crisis institucional, crisis de identidad y crisis histórica: el modelo republicano en Cuba, muy ligado aquí a los esquemas y al debate sobre la democratización, está bajo una clara presión de desestabilización intelectual que tiene que ver con su legitimación en el siglo XXI. No significa esto crisis de gobernabilidad. Esta la garantizan la presencia inercial del carisma por detrás de la disfuncionalidad institucional ―el fidelismo es nuestro populismo―, la debilidad de la tradición cívica y el control institucionalizado del poder a través de, básicamente, los mecanismos coactivos.


Frente a un mundo externo y a una sociedad cubana cambiantes, la estabilidad del concepto republicano requeriría en lo delante de dos operaciones simultáneas: de su reanimación y devolución al centro del cuerpo político, y de su modernización.


En la tradición cubana, si no puede haber ya retorno ni reproducción del carisma de la salvación, esto supone atender tres dominios simultáneos: el de la esencia republicana, que toca a la soberanía popular; el de la democracia, que implica la participación y decisión en y de los asuntos públicos; y el de la Constitución, que compromete los derechos, la legitimidad y la legalidad de la acción.


Los tres, en una retroalimentación virtuosa, producirían la estabilidad republicana necesaria en base al predominio de una institucionalidad robusta. Que debe distinguirse de la estabilidad de las repúblicas autoritarias, abundantes en el siglo XIX latinoamericano y hacia la que va derivando Cuba, y de los populismos autoritarios, con los que parece que nos confundimos, pero de los que nos diferenciamos por el lugar distinto en el que se ejerce, no nominal, sino efectivamente la soberanía.


¿República monárquica o república democrática?


Cuba se mueve hacia la primera. En ella el poder se concentra en una oligarquía auto legitimada por el concepto de unidad, en un orden jerárquico, en el centralismo y a través de la hegemonía que las repúblicas presidencialistas latinoamericanas heredaron de las monarquías europeas en el siglo XIX.


De esta manera se está reintroduciendo forzadamente en Cuba un modelo desfasado que choca con la explosión de pluralidad, con el regreso de la ciudadanía y con la remodernización cultural de la sociedad cubana ―en su tradición y en su permanente reinvención.


La continuidad del control del partido comunista sobre el Estado es la forma en la que se instaura ese modelo de república monárquica en Cuba, con la importante diferencia de que el partido comunista (una monarquía hereditaria dentro de una familia extendida de vanguardia) define aquí la vida civil de la sociedad, pero gozando de la misma irresponsabilidad legal o política de las monarquías constitucionales que encabezan al Estado allí donde existen, pero que no participan del juego del poder civil. El partido comunista tiene todas las ventajas políticas de los partidos, sin ninguna de sus desventajas. Y goza del boato de las monarquías y también de su irresponsabilidad civil.


Hacia la segunda, hacia la república democrática, parecía que nos abríamos. Durante un año hubo un interregno semi abierto―casi todo 2018, el año del anteproyecto de Constitución, refrendado como Constitución, con importantes modificaciones, por el 86, 74% de las y los electores, según datos oficiales, y puesto en vigor en abril del 2019―, que develó las fuentes intelectualmente marginadas y socialmente dormidas del sentido profundo de la res publica: la discusión intelectual y académica del anteproyecto fue intensa y plural ―desde todos las perspectivas―, el intercambio social fue rico yagudo, el debate formalizado del anteproyecto a través de consultas oficiales blandas rebasó los límites impuestos desde el partido-Estado con propuestas populares insospechadas, pero no insospechables, y el anteproyecto mismo contenía ideas y alcances que dejaron claro un impulso de modernización republicana al interior de ciertos sectores de poder.


Ese fue el año de una apertura en el camino hacia la recuperación de la república en su fundamento esencial: cosa pública, cosa del pueblo. Solo una apertura, bueno aclararlo, que supo captar, no en su totalidad, las fuentes de estabilidad del proyecto republicano en Cuba, abriendo la posible reconfiguración del Estado a la sorpresa social en un titubeo osado con la democracia y la soberanía popular. 2018 fue el momento de aparición del audialterampartem, (escuchad a la otra parte), en su sentido más social, que es el slogan por excelencia del republicanismo.


¿Juegos de apariencia del poder? Sí, pero no del todo. La paulatina extinción del control por el carisma, la necesidad de normalizar el poder de una burocracia de funcionarios políticos y administrativos, las exigencias de una cada vez mayor subordinación al capitalismo sin rodeos y la auto democratización plural de la sociedad cubana, dato este último muy importante, obligaban al retorno hacia la institucionalidad republicana.


La Constitución de 2019 es esa respuesta republicana del partido-Estado a las exigencias republicanas de la sociedad. La respuesta es limitada, anti republicana en algunos puntos, y por lo tanto auto desestabilizadora; justo cuando las exigencias son profundas y por consiguiente estabilizadoras. Las protestas de julio de 2021 guardan una sintonía perfecta con las propuestas republicanas de la sociedad hechas en 2018, en un intento de dar sustancia y estabilidad al republicanismo presente en la Constitución de 2019, que nace secuestrado y congelado monárquicamente y que crea así su propia fuente permanente de desestabilización.


¿Cómo es que el orden de la república monárquica en Cuba desestabiliza el modelo de república democrática que también constitucionaliza? Penalizando lo político ―al castigar el ejercicio de la soberanía que reconoce―, y la política ―con el azote al ejercicio de los derechos que refrenda. También, lo que no es objeto específico de este trabajo, pulverizando el sufragio universal, uno de los elementos claves de la dinámica republicana. Aproximémonos por aquí a dos hechos: solo alrededor del uno por ciento de las y los cubanos tiene derecho al sufragio pasivo, a ser electos, y la nueva instancia en el organigrama del Estado, la gobernación, es designada, no electa, por el presidente. Como en Roma y como en Rusia.


Javier Corrales proporciona la nueva lógica con la que operan las autocracias populistas y que viene siendo empleada en Cuba, quizá mucho antes de que adquiriera sistematización teórica.


El uso, abuso y no uso de la ley para penalizar a los oponentes políticos es la dinámica en la que se embarca el gobierno cubano. En inglés se le conoce también como lawfare. Pero a diferencia de las autocracias competitivas que enceguecen los aspectos liberales de sus constituciones, tal y como lo analiza Corrales en el ilustrativo caso venezolano, la república monárquica cubana desconoce tanto la legitimación democrática de la Constitución como los derechos ciudadanos que esta institucionaliza como fundamento de un nuevo orden republicano, refugiándose, ahora igual que aquellas, en un fuerte legalismo que trata de legitimar y de normalizar la acción punitiva del Estado.


Este fenómeno no es totalmente nuevo en Cuba. Lo nuevo es que se refuerza, de hecho, adquiere una nueva dimensión, exactamente a partir del momento (2018) en el que se inicia un nuevo relato de reanimación de la institucionalidad republicana, cuyas premisas obligadas radican en la soberanía popular y en la democracia.


A partir de 2018 se suceden los decretos y decretos-leyes que intentan ahogar el republicanismo social. El decreto 349de 2018, que busca estrangular la independencia en la cultura; el decreto 370, también de 2018, que castiga la libertad de expresión directamente, y el decreto-Ley 35, de 2021, que lo hace regulando los contenidos en la Internet. Todos constituyen el preámbulo de la más dura codificación penal en Cuba, desde las Ordenanzas de Cáceres[1], que se consolida en el nuevo Código Penal de abril de 2022. Pensado, definido y dirigido contra el ejercicio de los derechos civiles y políticos reconocidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos y en la propia Constitución cubana.


Para garantizar el poder monárquico del partido comunista, políticamente irresponsable desde el punto de vista legal y constitucional, el partido-Estado se moviliza detrás del manto republicano para penalizar el ejercicio de virtudes republicanas ―la deliberación autónoma de la sociedad, la participación de todos en la definición del bien común, la soberanía como fuente principal y última del poder, el ciudadano como sujeto primordial del espacio público, el respeto a las libertades fundamentales y la primacía de la Constitución como ley de leyes, entre otras― que son esenciales para garantizar una república estable.


La penalización de la política se está produciendo bajo el único paradigma que exige la libertad política para lograr su estabilidad: el republicano. En este sentido, su ejercicio (la libertad política) deja de ser una mera cuestión de derechos para convertirse en un elemento estructural y consustancial a la idea y posibilidad misma de maduración republicana.


Y esta codificación penal de la política se está produciendo bajo un gobierno cuya legitimidad no surge de fuentes republicanas y al amparo de una ideologización del Estado que contradice su naturaleza laica declarada. Resulta una contradicción en los términos que un Estado que se reconoce laico eleve una ideología específica para otorgarle carácter al Estado. Ese procedimiento, que cosifica a la ideología, le proporciona al Estado la condición confesional contra la que pretende definirse, lo des republicaniza; perdonando el neologismo.

Si después de la república no hay más paradigma, si el límite epistemológico para analizar, comprender e imaginar la organización política de nuestra nación-Estado está en el republicanismo, la estabilidad de ambos depende la despenalización de la política.


En este sentido, habría que volver una y otra vez sobre el nuevo Código Penal: un instrumento contra y anti republicano que criminaliza el disenso que subyace al republicanismo y hace posible el fortalecimiento de sus instituciones.


Hay en esto una paradoja contra histórica que está indicando una regresión política del Estado cubano disfrazada con un formato republicano. Hasta 2018, el orden penal era usado y abusado para contener y neutralizar, y en su límite expulsar, el impacto de la sociedad civil y de la oposición dentro de una permanente negociación con la imagen pública y la política, en una sociedad que se abría a la diversidad y a la pluralidad pero que no había roto el consenso revolucionario. Con la represión de un régimen totalitario, la sociedad civil logró estabilizarse en los márgenes y construir capital simbólico.


A partir de esa fecha, cuando la sociedad civil se expande a todos los ámbitos y empieza a ser habitada por la ciudadanía, básicamente dentro de su campo simbólico y a través del lenguaje de los nuevos relatos, en un contexto social distinto que va quebrando aquel viejo consenso y reafirmando la pluralidad, el orden penal empieza a diseñarse con la intención de destruir y pulverizar a la sociedad civil y de reconstruir, bajo la permanente amenaza del castigo institucional, el viejo consenso revolucionario. Ahora en una fase pos totalitaria, que retoma el castigo del destierro nacional, y como reacción a la ausencia de las variadas fuentes de legitimidad y legitimación posible para un régimen que concibe al poder como (su) patrimonio y la sociedad como una derivación.


Donde se deberían reconstruir los lazos institucionales con una sociedad distinta dentro de un esquema republicano auténticamente inclusivo, bajo el posible lema de: Dentro de la República todo, buscando así que el Estado se parezca a su propia sociedad, la república monárquica intenta reanimar instituciones de por sí inclusivas bajo el mismo lema heredado de: Dentro de la Revolución todo, fuera de la Revolución nada, intentando que la sociedad se parezca al Estado. Sin darse cuenta que la Revolución devoró a la república porque logró vivir suspendida en el mito, pero que la República solo puede vivir en la realidad de sus instituciones y frente a las realidades prácticas de la gente. Y las instituciones republicanas no penalizan a las y los ciudadanos por el ejercicio práctico de su condición. Los sujetos propios que le dan vida política.


La desconexión histórica entre las pretensiones de la república monárquica y el republicanismo social se está convirtiendo en fuente de inestabilidad sistémica, una realidad ya visible, dentro de un modelo político que hace permanente alusión a las leyes, aunque cada vez menos a la Constitución.


Esto es sumamente peligroso. Si los ciudadanos, que cada vez ejercen más la ciudadanía, identifican la ley con el castigo y no con los derechos, empezarían a deslegitimar la institución republicana misma: un entramado complejo de derechos, deberes, virtudes e instituciones concebidas para el manejo pacífico de conflictos e intereses, que constituye el único esquema dentro del cual las y los cubanos podremos responder a dos desafíos simultáneos: el completamiento de la nación y la reconstrucción del país.


La estabilidad de la república no es solo un problema de organización democrática del Estado, es un tema de viabilidad como nación. Ambos retos exigen la despenalización de la política para reconstruir, todas y todos, el único modelo que puede dar forma y contenido a la nación, a la convivencia de la pluralidad y la compatibilidad natural entre soberanía, ciudadanía y república.


La idea de que se puede delimitar el demos, ese espacio público de aparición de la ciudadanía y de la pluralidad, argumentando implícita y explícitamente que unos ciudadanos son dignos de consideración política y otros no, es la reivindicación de ese “monopolio moral de la representación”[2], inconciliable con una república y con la estabilidad de la vida social dentro de sus fronteras.


¿Qué necesitamos? Un nuevo consenso liberal, en el sentido político, que nos devuelva a las obviedades republicanas: división de poderes, libertades fundamentales, elecciones libres y pluralistas, igualdad ante la ley y Estado de derecho, y que incorpore adquisiciones modernas como la equidad social, el respeto de las minorías, el pluralismo político como base de un pluripartidismo de consensos, la ciudadanía pos identitaria y la deliberación democrática en una atmósfera de respeto y tolerancia al otro, al diferente.


Y las tareas preliminares para esta utopía republicana son básicamente dos: la desideologización del Estado y la despenalización del disenso. Esenciales para una doble clausura: la de la exclusión y la de la prisión política.



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Bibliografía

Mounk, YASCHA, El pueblo contra la democracia, Por qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla. Ed. Espasa Libros, España, 2018, 328 pp.

Corrales, JAVIER, The Authoritarian Resurgence, AUTOCRATIC LEGALISM IN VENEZUELA, En, Journal of Democracy, April 2015, Volume 26, Number 2, pp 1-16.

Lario González, ÁNGELES, Repúblicas monárquicas y monarquías republicanas en la constitución del mundo ibérico. En, Estudos Ibero-Americanos, vol, 43, núm. 3, pp. 626-641, 2017. PontifíciaUniversidade Católica do Rio Grande so Sul. Recepción: 29 Noviembre 2016. Aprobación: 29 Enero 2017. DOI: 10.15448/1980-864X.2017.3.25897

http://cubarte.cult.cu/periodico-cubarte/aproximacion-san-cristobal-de-la-habana-las-ordenanzas-de-caceres-1754/



[1]http://cubarte.cult.cu/periodico-cubarte/aproximacion-san-cristobal-de-la-habana-las-ordenanzas-de-caceres-1754/ [2]En: Corrales, JAVIER, The Authoritarian Resurgence, AUTOCRATIC LEGALISM IN VENEZUELA, En, Journal of Democracy, April 2015, Volume 26, Number 2, pp 1-16.

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