• Michel Fernández Pérez

No es posible aceptar un estallido social, un escenario de inestabilidad

Actualizado: jul 19

Es probable que el futuro depare un ajuste sociopolítico en Cuba, a modo de una reconciliación según la experiencia histórica o, como opinan algunos, a manera de una apertura política e institucional orientada a la inclusión y la civilidad democrática. En cualquier caso, tal acontecer demandaría la atención de cuestiones, como, por ejemplo: daños por resarcir y restituciones, derechos derogables y no derogables, justicia legitima, la veracidad sobre los sucesos pasados y la llamada memoria histórica.

Para incursionar en estas materias, las interrogantes se esbozan a partir de lo ocurrido en otros lares, si bien todo pudiera sobrevenir diferente en la Isla, pero ahora no es posible definir las categorías del futuro. Por ello tampoco pretenden la concreción de un marco de ideas al respecto, sino la apertura de un horizonte de búsqueda. Participa el jurista Michel Fernández Pérez.


1) Recientemente hemos publicado un conjunto de entrevistas sobre la reconciliación cubana, al parecer deseada por muchos. Pero esta avenencia colectiva no sólo implica disponer los ánimos y la inclusión equitativa de todos en un proyecto compartido. La historia prueba que para lograrlo sería necesario, además, alguna especie de consideración recíproca de los daños ocasionados. ¿Cuáles serían en nuestro caso tales daños a resarcir?

Los que en el espectro político cubano abogamos por un proceso de reconciliación nacional en Cuba, entendemos que solo mediante este se podrá evitar un escenario de crisis social y política, en el que se presente la violencia como salida a la situación del país.

El costo humano y social de un estallido de violencia, que genere un escenario de inestabilidad e inseguridad, siempre va a ser mayor que los reajustes o acomodos que se deban realizar para propiciar un dialogo nacional. En este sentido, mi opinión es que todos los actores políticos, sin importar su ideología o programa político, que rechacen la violencia como vía para solución de los conflictos, deben ser bienvenidos a ese dialogo.

La posición de los que ejercen el poder político en Cuba mediante el Estado es que todos aquellos que presenten una alternativa diferente, son mercenarios al servicio de una potencia extrajera. Pero a pesar de que este sea uno de los delitos más graves en la ley penal cubana, casi nunca se ha procesado por ello a ninguna persona.

Las razones para este tipo de acción estatal, que puede lucir contradictoria al acusar públicamente, pero no utilizar los mecanismos legales para la represión de estas conductas, quizá pueda encontrarse en el costo político que pudiera provocar tal acción. Sin embargo, esto no deja de ser una espada de Damocles sobre todas las organizaciones y personas que tienen proyectos políticos, sociales, artísticos, religiosos, etcétera, que no gozan del beneplácito del Estado.

En cualquier proceso de dialogo, nunca todos los actores están al mismo nivel, ni tienen las mismas responsabilidades. En Cuba, sin dudas el principal actor sería el Estado, quien debería propiciar las vías y garantías para este proceso, si bien se empeña en no reconocer ninguna posibilidad de dialogo o reconciliación nacional.

Por el bien del país, sería conveniente utilizar todas las vías pacíficas para promover este proceso y “convencer” al Estado de su necesidad. Sólo así estaríamos garantizando la independencia nacional y la soberanía popular.

Asimismo, los daños que deberían ser discutidos en un proceso de reconciliación nacional abarcan todas las esferas de la vida del país. Pero, en mi opinión, el primero debe estar relacionado con la capacidad de reconocer a los otros sujetos como diferentes y no como enemigos irreconciliables. Ello debe ocurrir por ambos lados, pero sobre todo por parte del Estado, quien debe legitimar la oposición política que, aunque pueda ser minoritaria, tiene derecho a existir, como mismo tiene derecho a existir el PCC, el cual, si goza de la mayoría del apoyo popular seguiría siendo el partido de gobierno.


2) Para el derecho internacional existen derechos a reclamar no derogables y derechos derogables. Los segundos pueden suspenderse y los primeros poseen permanencia. De entre nuestras experiencias individuales y colectivas, ¿cuáles podrían considerarse derogables y cuáles no derogables?

Si partimos desde un enfoque de Derechos Humanos, todos los derechos reconocidos en Cuba a nivel constitucional y legal deben poder ejercitarse y exigirse. Además, deben existir las garantías materiales, legales y jurisdiccionales, para poder reclamar en caso de violación de estos.

Pero entre las prioridades debería estar la consideración acerca de que en nuestro país el reconocimiento de los derechos no continúe ligado a la residencia permanente en el país, sino a la ciudadanía. Los derechos deben ser los mismos para todos los cubanos y, en este sentido, se debe eliminar la categoría legal de emigrado, con todas las consecuencias negativas que posee.

Otro elemento fundamental sería la ratificación por el gobierno de Cuba de los dos pactos más importantes en materia de derechos humanos. O sea, los pactos de derechos civiles y políticos, y de derechos económicos, sociales y culturales.

También resultaría esencial el reconocimiento de la no discriminación por motivos políticos, que actualmente no queda explícito en la Constitución y, por ello, el reconocimiento legal del pluralismo político, que no necesariamente tiene que derivar a un modelo liberal representativo, pero del que se puede asumir muchos principios. Sería provechoso, por ejemplo, la competitividad electoral, los derechos de asociación, reunión y manifestación, unido al control de los actos de gobierno por el soberano mediante una institución análoga al Tribuno de la Plebe de la Republica Romana.


3) Del universo de daños, indicado por usted, ¿cuáles exigirían la atención de un tribunal? ¿Cuál tribunal? ¿Cómo sostener el principio de justicia que exige el encausamiento sólo en base a la legislación vigente en el lugar y en la época de efectuarse cada daño?

La legislación vigente en Cuba permite que todos los que cometan actos contrarios a la ley sean juzgados en un tribunal en procesos de diferente naturaleza, no exclusivamente penales. No considero necesario que se creen leyes especiales para estos casos, porque en mi opinión el ordenamiento legal cubre casi todos los aspectos.

Sin embargo, el problema es que, aunque formalmente estén protegidos casi todos los derechos, dicha protección no se materializa al faltar la independencia judicial y los órganos fiscales estar subordinados al PCC. Por ello es que los caso en contra de violaciones de derechos por los órganos de coacción estatal son casi nulos en cuanto a las posibilidades de obtener una reparación o una condena contra el que comete la violación. Lo que se debería lograr es la independencia de los órganos jurisdiccionales y la no politización del actuar de estos.


4) ¿Cómo deberían gestionarse aquellos daños políticos, y humanos (no refiero ahora a los económicos, patrimoniales y otros de esta índole), que no sean derogables, pero tampoco requieran procesos judiciales?

Aunque la mayoría de los daños que se ocasionan en Cuba tienen la posibilidad de ir a vía judicial, también podrían emplearse métodos alternativos de solución de conflictos como la negociación o la mediación para alcanzar la reparación necesaria.

En el caso cubano, a pesar de las reiteradas violaciones de derechos cometidas por el Estado, estos no llegan al nivel de otros regímenes con miles de desaparecidos y torturados. Quizá por ello el proceso de reconciliación pudiera ser más sencillo que los ocurridos en otros países.

Aquí estoy haciendo referencia a los últimos 30 años y no a los momentos iniciales de la Revolución, los cuales sí necesitarían de una profunda investigación histórica que determine cómo fue el proceso en esa situación específica.


5) Estos quehaceres suelen ser guiados por alguna comisión que, en muchos casos, se ha denominado “comisión de la verdad”. Ella suele tener la responsabilidad de facilitar la paz y gestionar la justicia, siempre a favor de la incorporación de las partes anteriormente en conflicto en un nuevo sistema viable. ¿Cómo concibe usted el carácter, la integración, las funciones y la metodología de una comisión de tal índole?

Una comisión de la verdad sería útil para la reconstrucción de la confianza nacional. Debería ser independiente, estar integrada por todas las partes e incluso contar con participación internacional. Los resultados de esta Comisión, y toda su documentación, deberían ser públicos y de fácil acceso para la ciudadanía.


6) La cuestión de la “memoria historia” resulta sustento de una nueva convivencia que incorpore a todos en la justicia. Muchos sostienen que debería fundamentarse en la investigación libre y procurar toda la información posible, en la creación de un “canon” sociopolítico o, por el contrario, sólo como experiencia. Además, requiere abrir los archivos, en Cuba y fuera de Cuba. Por favor, sugiera al respecto.

Quizás uno de los aspectos más preocupante del proceso de reconstrucción de la memoria histórica sea que el gobierno cubano no cuenta con un sistema archivístico eficiente acerca de sus primeros años y muchas de las más importantes decisiones que se tomaron después no poseen documentación que pruebe al respecto. A ello le agregamos que muchos de los más importantes participantes, de todas las partes, están muriendo por lo avanzado de la edad. Además, entre quienes aún pudieran ofrecerlo, la mayoría no se consideraría relator, sino parte.



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