• Arnaldo M. Fernández

Justicia transicional y reconciliación entre cubanos


Foto © Weedo

La reconciliación entre cubanos de banderías encontradas y la justicia transicional presuponen la transición hacia un orden político que permita dar cuenta exacta del régimen anterior, implementar la reparación de las víctimas y el castigo de los victimarios, así como impedir la repetición de maldades y disfunciones.


Esa transición puede darse de manera violenta o pacífica. Desde 1956 el dilema quedó planteado así por el expresidente Ramón Grau San Martín: votos o balas [1]. Fidel Castro optó por las balas, tomó el poder e implantó el Estado totalitario que pervive hasta hoy. Quienes hoy en día no tienen balas para oponerse, sólo pueden hacerlo eficazmente con votos.


No queda más remedio que convencer al pueblo de votar contra el gobierno en todas las elecciones. Los demás ademanes opositores son admisibles como libre expresión de la voluntad política, pero nunca han llegado ni llegarán jamás a nada políticamente relevante por su desconexión instrumental de medio a fin.


Los poderes constituidos


La reconciliación y la justicia sólo pueden concebirse en el Estado democrático de Derecho. La única manera de forjarlo es ganando poder desde abajo por la fuerza del número de electores en contra del Estado totalitario. No cabe esperar que la elite gobernante se torne de repente tan ilustrada que ceda “un tantico así” [2] de su poder político y económico para dialogar con líderes sin masas que, durante más de medio siglo, nunca han pasado de ser víctimas de la represión.


Ni protestas callejeras que el aparato represivo del Estado aplasta en el día con apenas un muerto, ni convocatorias desde el exilio al paro nacional o desde el insilio a marcha cívica, ni recogidas de firmas para presentar proyectos de ley al parlamento sin un solo diputado a favor, ni proposiciones de referendos que jamás podrán efectuarse sin anuencia del gobierno, ni coaliciones opositoras que se agregan o disgregan sin resultados, ni el acceso a Internet ni el apoyo desde el extranjero allanan el camino en derechura a la libertad y la democracia porque no son medios instrumentales para el fin político de adquirir poder social.


Aunque todos estos ademanes suyos son políticamente ineficaces por diseño, la oposición se proclama como intérprete de la voluntad y los intereses del pueblo en afrenta y oprobio sumido. Hay una manera crucial de demostrarlo. Ese pueblo sólo puede reivindicarse mediante la transición al Estado democrático de Derecho que garantice tanto la reconciliación como la justicia.


La guerra electoral


Si la oposición refleja de verdad la voluntad política de todo (o casi todo) el pueblo cubano, entonces ese pueblo solo tiene que votar a mano alzada, en las asambleas de electores residentes por áreas de circunscripción, para nominar a sus candidatos a delegados de las asambleas municipales. Así dejarían fuera a todos (o casi todos) los candidatos del gobierno.


Seguidamente ese mismo pueblo acudiría a los colegios electorales para votar en secreto por sus nominados y conseguir que todos (o casi todos) los delegados electos a las asambleas municipales sean partidarios de Patria y Vida. Puesto que estas asambleas son los únicos órganos estatales facultados para nominar a los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional, siempre propuestos de arriba, ellas propiciarían así la integración más democrática del parlamento.


Si el anticastrismo tardío no entiende esto y prosigue al compás del embullo con los ademanes opositores sin racionalidad de medio a fin, derivados del desespero porque la dictadura no acaba de venirse abajo, el movimiento pro democracia y libertad continuará como hasta ahora, en medio del alboroto de los mundos digital y mediático, viviendo de desengaños para morir de ilusiones como el anticastrismo temprano beligerante.


La maldita circunstancia sociocultural


Una vez que —y sólo si— la correlación de fuerzas políticas cambie, entonces podrían activarse desde la ley los mecanismos clásicos de justicia transicional: comisión de la verdad, instancias de reparación, instituciones de memoria y educación históricas., etcétera.


Sin embargo, no cabe recurrir a la refinada crueldad de prometer a las víctimas soluciones que no podrán realizarse por entre las tensiones de la urgencia moral y la presión democrática con las decisiones políticas que debe tomar el Estado emergente para reconstruir la nación fragmentada por crisis y confrontación.


Al cabo de tantas décadas con un Estado totalitario, la reivindicación de la nación cubana no sería obra de transición, sino más bien de instalación ex novo, como explica Giovanni Sartori [4]. Y para colmo en contexto sociopolítico desfavorable.


En 2003 el Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos (ICCAS) de la Universidad de Miami publicó una lista incompleta de 360 organizaciones políticas opositoras. Casi dos décadas después persiste esta paradoja de que la mayor diversidad político-ideológica de la nación cubana sobreviene bajo la dictadura de partido único, pero nadie se llame a engaño.


El alto índice de fecundidad organizacional del anticastrismo tardío no deriva tan sólo de la puja por la ayuda del exterior, sino también de la propia cultura política de la nación. No hay partidos opositores, sino más bien partidas de opositores alrededor de figuras ligadas a tal o cual fuente externa de sostén.


La distinción entre partidos y partidas quedó sentada por Alberto Lamar Schweyer en su ensayo sociológico Biología de la democracia [5], pero puede rastrearse hasta el Informe de la Comisión Consultiva (1908) al gobernador Charles Maggon, que definió los partidos políticos emergentes de la independencia como clientelas de caudillos. De ahí el dictamen consecuente del intelectual católico Ángel del Cerro: al triunfar Castro, salvo la bandería comunista, los partidos políticos eran apenas “núcleos transitorios de intereses asociados, sin sustancia doctrinal” [6].


Luego de tantos años de praxis política dictatorial, esta bandería preservará —quizás hasta cambiándose de Partido Comunista de Cuba (PCC) a otro nombre oficial, como hizo en 1944, para adaptarse mejor a las circunstancias— el peso específico suficiente en el orden post-totalitario para impedir que, de la ley a la ley, la reconciliación entre cubanos y la justicia transicional vayan más allá de borrón y cuenta nueva, incluso si se somete a consulta popular y referendo.


Escenarios y debates


De no ser así, la vindicación de las víctimas tendrá que discurrir por los cauces del Derecho y la transición pacífica propiciará que, como resultado de compromisos políticos, la justicia transicional se administre de manera imperfecta en medio de la avalancha de verdades, acusaciones y solicitudes de reparación.


No parece difícil proceder en reversa con revisiones de los fallos penales más recientes que apretaron las clavijas represivas al extremo de condenar por Sedición a quienes apenas habrían incurrido en Desórdenes Públicos. Sin embargo, la reparación se tornará mucho más complicada a medida que los tribunales vayan abordando casos de más larga data, sobre todo aquellos ligados a la guerra civil (1960-65) u otra clave beligerante, porque el paso de tanto tiempo impedirá juzgar a los culpables e incluso citar a testigos.


El lábil equilibro entre los derechos a la justicia y la paz se pone de manifiesto en un caso tan emblemático como la rastra de la muerte [7]. No sólo porque pierde sentido a quién debemos castigar, ya que el máximo responsable morirá de viejo antes de ser enjuiciado, sino también porque en este y otros muchos casos aflorará otra interrogante: ¿Para qué castigar? Por el contrario, el hundimiento del Remolcador 13 de Marzo merecería castigar a los culpables para dejar sentada la obligación estatal de que no se repitan acciones criminales contra civiles [8].


Así, cada caso en particular pasaría por el tamiz judicial a instancia de parte victimizada, pero sin obedecer —en virtud de la propia naturaleza negociada de la transición pacífica— a ningún ejercicio de justicia del vencedor sobre el vencido. Y tal como la desaparición forzada, los presuntos crímenes de lesa humanidad serán muy difíciles de enjuiciar, pues el Estatuto de Roma (1998) exige que los delitos correspondientes se hayan cometido “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil” [Artículo 7].


Aunque la dictadura de partido único conllevó la persecución fundada en motivos políticos, los grupos opositores con identidad propia que podrían presentarse como víctimas estarían involucrados en las negociaciones de la transición política. No parece razonable que acusen al PCC como organización criminal ante la Corte Internacional de Justicia.


La justicia transicional tiene que pasar entre Escila de castigo y Caribdis de reparación, pero su premisa cardinal radica en el diálogo franco sobre qué ha pasado y cómo evitar su repetición. Así quedará encendida una hoguera permanente de conflicto y la comisión de la verdad tendrá que distanciarse de los tribunales para concentrarse en buscarla y reportarla sin meterse a dar amnistías ni indultos ni referir casos a la judicatura. Esto último quedaría a instancia de las partes interesadas y aquellas medidas legales, en manos de los poderes legislativo y ejecutivo, respectivamente.


Los exmilitantes contra la dictadura reclamarán enjuiciar a sus exfuncionarios responsables, pero estos no van a transigir en sus demandas de impunidad y amnistía. Ninguna organización internacional ni Estado extranjero podrá librar a los cubanos de tal entrampamiento. Sólo las fuerzas políticas concurrentes del pueblo cubano podrán dar la respuesta ajustada.


La justicia transicional se administrará por igual con relación a personas y bienes, pero si la revolución por las balas generó los Tribunales Revolucionarios y el Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados contra los perpetradores del orden dictatorial de Fulgencio Batista, el cambio de régimen por los votos no exigirá formar tribunales ad hoc ni Ministerio de Restitución de Bienes Expropiados contra los presuntos perpetradores de la dictadura de Castro.


La judicatura ordinaria tendrá que dirimir todos los conflictos penales y civiles sobre personas y bienes en administración gradual de la justicia transicional, siempre imperfecta, sin entorpecer la implementación de las políticas de reconstrucción nacional, pero también sin dar pie a que por los casos que elige juzgar se refuerce la impunidad de casos que ignore.


Desde luego que las víctimas se constituirán por sí mismas como sujetos de derechos y promoverán movimientos de interlocución política, pero nadie puede prever ni mucho menos dictar de antemano cómo se agregarán los intereses ni cómo los partidos políticos se apropiarán de las demandas para usarlas como banderas reivindicativas. La justicia transicional no resolverá el enfrentamiento político, sino que ayudará a encauzarlo por canales de debate constructivo.


Y como toda dictadura es tan brutal como corrupta, la justicia transicional enfocada en graves violaciones de los derechos humanos desembocará indefectiblemente en la corrupción subyacente, aunque será muy difícil incorporarla en procesos penales o civiles por enriquecimiento indebido como consecuencia del peso político específico de la bandería comunista.


El mismo desafío tendrá que enfrentarse al tomar decisiones políticas sobre la memoria histórica. La prioridad de recordar a las víctimas y reconocer el costo humana de la violencia dictatorial y del totalitarismo no parece ser viable a través de la reescritura de otra historia oficial por los nuevos salvadores de la patria. El consenso sobre qué historia básica enseñar en las escuelas públicas será una tarea engorrosa y prolongada.


Al cabo la forja de la nueva nación reconciliada, justa en vez de justiciera, comienza precisamente con dilucidar primero cómo superar el Estado totalitario sin abocarse a la guerra civil y proceder después con suma cautela, de la ley a la ley a través de la ley, en la administración de castigos y reparaciones que sean viables en medio de las nuevas correlaciones de fuerzas políticas.


Coda


Lo más probable es que las reclamaciones de propiedades por exiliados cubanos, así como por ciudadanos y empresas estadounidenses, desemboquen en un callejón sin salida. Contra ellas el gobierno cubano puede levantar la objeción de que sentencias firmes de tribunales nacionales, en procesos sobre daños y perjuicios relacionados con el embargo de Estados Unidos a Cuba y la guerra sucia de la CIA, tienen montos muchísimos mayores que esas demandas. Puesto que Washington no pagará un centavo, La Habana tampoco. En estos asuntos el único tema con probabilidad de solución sería revocar la proclama de la Asamblea Nacional en 1999 que tachó al embargo de genocidio.



Notas


[1] El Mundo [La Habana], 29 de abril de 1956, 6.

[2] Término empleado por Ernesto Che Guevara el 30 de noviembre de 1964 en Santiago de Cuba para dejar sentada la intransigencia del grupo político de Castro.

[3] Ley [No. 127] Electoral, Gaceta Oficial Ordinaria 60, de 19 de agosto de 2019

[4] ¿Qué es la democracia?, México: Editorial Taurus (2003), 405 s.

[5] La Habana: Editorial Minerva (1927), 93.

[6] “¿A la derecha o la izquierda?”, Bohemia, 1 de mayo de 1959, 76.

[7] El 22 de abril de 1961, más de cien prisioneros de la Brigada de Asalto 2506 fueron traslados en remolque hermético de camión desde Playa Girón a La Habana por orden del entonces capitán Osmany Cienfuegos. El prisionero herido Máximo Cruz advirtió a Cienfuegos que morirían asfixiados y este repuso: “No importa; de todas formas, los vamos a fusilar y así nos ahorramos las balas”. El viaje duró ocho horas y murieron nueve brigadistas. Castro atribuyó las muertes a que “alguien no tomó las medidas pertinentes, no se percató y se produjeron casos de asfixia” (Cien horas con Fidel, Google Docs, 125).

[8] El 13 de julio de 1994, a las tres de la madrugada, 72 cubanos salieron por la bahía de La Habana en el viejo remolcador 13 de Marzo rumbo a Estados Unidos. Fueron perseguidos por cuatro embarcaciones de la Empresa de Servicios Marítimos del Ministerio de Transporte. A siete millas de la costa, una de ellas bloqueó por la proa, otra embistió partiendo la popa y las dos restantes se ubicaron a cada lado para lanzar agua presión contra las personas en la cubierta. Muchas se refugiaron en el cuarto de máquinas por la alta presión de los chorros y allí parecerían al hundirse el remolcador. El saldo total fue de 41 muertos, entre ellos 10 niños. Castro declararía que los perseguidores no tenían “la más remota intención” de matar y por “el accidente (…) se abrió una investigación” contra los tripulantes, pero “lo que habían cometido, realmente, fue una desobediencia [de las] instrucciones de nunca obstaculizar un secuestro para evitar accidentes y víctimas” (Cien horas con Fidel, Google Docs, 161).


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