• Roberto Veiga González

Hacia la Cuba que quisimos

Actualizado: jul 22

Desde hace décadas la sociedad cubana demanda un “nuevo pacto social” a través de una renovada Carta Magna. Incluso, Raúl Castro, jefe del Estado (2006-2018), lo consideró e inauguró un proceso de reforma de la entonces Constitución de la República.


Pero no se alcanzó tal “nuevo pacto social”. Aunque se realizaron modificaciones positivas, estas no atendieron reclamos importantes. Entre ellos se pueden citar el desarrollo de una sociedad civil dinámica, un modelo económico mixto e internacionalizado, la instrumentalización del pluralismo político, una democratización de la prensa, la evolución hacia un quehacer parlamentario vital, la elección directa del presidente de la República, el matrimonio igualitario, una fortísima seguridad legal, ciudadana y judicial, y la participación de la emigración en las dinámicas sociales, económicas y políticas de la Isla.


No quedaron conforme ni los “conservadores”, ni los “reformistas” (dentro de la oficialidad). Tampoco quedaron satisfechas disímiles maneras de entenderlo desde la sociedad y, mucho menos, aquellos que aspiran a una transformación radical del sistema.

Pero los disconformes se posicionaron de dos maneras: rechazando el texto por insuficiente, o aceptando el texto con sus insuficiencias. Estos últimos lo hicieron a partir del criterio de que el articulado ofrece márgenes para trabajar, aunque no de manera expedita.

De este modo, la nueva Constitución fue aprobada por referendo el 24 de febrero de 2019, con el voto favorable de casi el 80 por ciento de los ciudadanos con derecho electoral presentes en el país.


En todo ese período tal vez el Laboratorio de Ideas Cuba Posible constituyó la más completa expresión pública del nuevo pacto social que late en las entrañas de la actual sociedad cubana transnacionalizada y quizá también lo fue de la Carta Magna que requieren estos tiempos.

Ello resultó posible porque desde 2007, cuando el equipo del Laboratorio de Ideas aún gestionaba la revista católica Espacio Laical (2005-2014), su red de colaboradores tenía claro que el resultado del trabajo esbozaba un nuevo “sueño de país”. Además, como asunto trascendental para ese nuevo pacto social, desde antes de 2009, esta red solicitó un profundo proceso de reforma constitucional y trabajó muchísimo para eso.


Por ende, cuando a inicos de 2018 las autoridades anunciaron el comienzo de tales trabajos, Cuba Posible resultó la plataforma de la sociedad civil con mayor participación y con las proyecciones más diversas y transgresoras de las “líneas rojas” que se desde la cima del poder: -la hegemonía de un partido político único, concebido como fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, y -el monopolio de la empresa estatal. También en ese instante Cuba Posible consensuó una propuesta de texto de Ley de leyes.


Pero en aquel momento fue imposible divulgar dicho proyecto. Poco antes de que la comisión oficial encargada de la reforma iniciara sus trabajos y unos días previos a la fecha en que Cuba Posible haría público su texto, lo cual estaba previsto para el 4 de junio de 2018, poderosas instancias oficiales se encargaron de que esto no sucediera. Si bien la participación del Laboratorio de Ideas durante ese período resultó muy intensa.

En Cuba Posible fueron publicados decenas de trabajos sobre disímiles aspectos de la reforma. En sus páginas no se optó, discriminatoriamente, por una corriente de pensamiento sobre otra, siempre que todas fueran tolerantes y respetuosas de sus principios fundantes. Brindó testimonio de que el debate constitucional tenía que ser más inclusivo para así expresar la diversidad de posturas de la sociedad cubana.


Una selección de estos trabajos fueron compilados en un libro titulado “La Cuba que quisimos”, publicado por el “Programa Cuba” de la Universidad Jesús Arboleda, de Bogotá. Este posee siete capítulos. El primero acerca del anuncio de la reforma constitucional y las expectativas de cambio. El segundo sobre los derechos humanos. El tercero en torno al deseado modelo de gobierno, la forma de elegir al presidente, sus facultades y la centralidad del parlamento. El cuarto en relación con diferentes temas medulares. El quinto acerca del referendo constitucional. El sexto presenta por primera vez aquella propuesta alternativa de Carta Magna que no pudo ser publicada en el momento adecuado y destaca sus diferencias con el texto aprobado. El séptimo versa sobre los temas más apreciables después de la entrada en vigor de la Constitución de 2019.


Los trabajos de los primeros cinco capítulos trazan un nuevo pacto social que, de algún modo, se expresa en la propuesta de Carta Magna del capítulo sexto. Además, esta se diferencia de la oficialista Constitución aprobada en 2019. Será posible encontrar su distinción, por ejemplo, en los temas de derechos humanos, pluralismo político, sociedad civil, formas de propiedad, imperio de la ley y sistema de gobierno.

La nueva Ley de leyes precisa derechos individuales, sostiene derechos sociales e incorpora derechos de tercera y cuarta generación. Sin embargo, asegura que, en todos los casos, los elementos del catálogo de derechos y sus garantías queden colocados a merced de la discrecionalidad del poder. El texto de Cuba Posible consigue la complementariedad de un universo más amplio de derechos sociales e individuales, y la incorporación de los más importantes derechos de tercera y cuarta generación. Además, ubica el catálogo de derechos como imperativo para todo el funcionamiento del Estado y de la sociedad civil, de la ley y la impartición de justicia.


La recién aprobada Constitución no reconoce la igualdad de ideas y opiniones, sobre todo políticas; y establece un partido político único que, además, orienta y dirige al Estado y a la sociedad. El texto de Cuba Posible reconoce la igualdad de ideas y opiniones, y de posiciones ideo-políticas; instituye el pluripartidismo; y concibe el desempeño de las agrupaciones políticas como un servicio público de asociaciones privadas; que, en todo momento, deben obediencia a la ley.

La actual Ley fundamental concibe a la generalidad de la sociedad civil como “órgano anexo” al Partido Comunista; otras asociaciones que puedan existir son consideradas en la periferia, como subordinadas y a modo de “apoyo”. El texto de Cuba Posible otorga fuerte protagonismo a una sociedad civil autónoma que, incluso, puede estar representada en instituciones de poder del Estado, y protagoniza dinámicas institucionales de negociación y coordinación, con el gobierno y otros sujetos sociales, en aras de participar en importantes decisiones y gestiones acerca de la “cosa pública”.


La Carta Magna vigente reconoce la propiedad estatal, la cooperativa, la privada y la mixta; pero establece que, en ningún caso, las tres últimas formas de propiedad pueden sobrepasar la dimensión y la importancia de la propiedad estatal. Por otra parte, instaura que toda la economía funcionará de acuerdo con un plan del gobierno, concebido, sobre todo, a modo de administración conjunta “del todo económico”. El texto de Cuba Posible posee una concepción múltiple y equitativa de la propiedad. Reconoce las empresas estatales y públicas, así como provinciales y municipales (todas, con sus correspondientes autonomías); las empresas sociales, como cooperativas, sociedades económicas, entre otras; las empresas individuales, propiedad de una persona o de una familia; las empresas mixtas; y las asociaciones de empresas privadas, cuyos miembros sean accionistas, y de estas con otras empresas estatales, públicas, sociales, individuales, o mixtas. Plantea una dirección estatal estratégica, no de ordinaria administración, que promueva el desarrollo integral y equitativo de los ciudadanos y las localidades del país.


La presente Ley madre establece el imperio de la Ley; sin embargo, según lo refrendado, parece hacerlo a partir de ese criterio que concibe “al derecho como un instrumento de coerción de quién detenta el poder sobre toda la sociedad”. El texto de Cuba Posible reconoce el imperio de la Ley, como imperativo del catálogo de derechos para todo el funcionamiento del Estado y de la sociedad civil, y como independencia y solidez del poder judicial y del sistema de justicia.


La Constitución efectiva instituye un sistema de “partido único y hegemónico”, que orienta a la sociedad y a un Estado asambleísta, de diseño confuso, a través del cual el Partido Comunista proyecta políticas que la Asamblea Nacional concreta en normas jurídicas y en otros acuerdos que, a la vez, son ejecutadas por el Consejo de Ministros y toda la administración pública y todos los órganos anexos del Partido Comunista. El texto de Cuba Posible propone un sistema “presidencialista-parlamentario”, caracterizado por la desconcentración y cooperación de los poderes, la descentralización y profesionalización del quehacer público, y el desempeño autónomo de los gobiernos locales.


Cabe destacar la vigencia de la propuesta alternativa de Ley de leyes de Cuba Posible que publica este libro. Ella podrá ser útil como referente, como contraposición en disímiles aspectos, como fuente de búsqueda, como muestra de síntesis, como elemento de deliberación. Pero también podría ser el inicio de una nueva propuesta de país –entonces libre, próspero y democrático.


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