• Roberto Veiga González

Estos pilares de toda política decente sí han de ser innegociables



Iniciamos el año 2022; el primero de un lustro que definirá el futuro de Cuba.


Tal vez no sea un despropósito imaginar que pronto el poder pueda modificar la política, pues quizás procure sobrevivir. Pero no sabemos si eso conducirá a una especie de maquila que provea trabajo “indecente” a intereses económicos particulares, incluso espurios, con un orden oligárquico y de prebendas, si bien con algún acceso de la mayoría a “pan y circo”; o a una República de derecho y bienestar.


Mucho influirá al respecto el acontecer del gobierno, pero ello no será determinante. Uno u otro de tales futuros será definido en última instancia por la sociedad civil y política cubana transnacional, aunque tal afirmación parezca un espejismo.


La contienda hacia el futuro no será entre políticas de izquierda y derecha, lo cual sería provechoso, sino entre demócratas y antidemócratas. Me refiero a esa mixtura emocional moralizante, maximalista e intransigente, que soslaya la razón política y sólo prédica lo inalcanzable; mientras ni siquiera convierte tales exigencias en operación política concreta propia. O sea, mera predica extremista sin praxis real que sólo juzga el desempeño ciudadano de otros. Estos pululan a la izquierda y la derecha, arriba y abajo, y son actualmente el mayor déficit de la República.


Los cubanos democráticos deberíamos juntarnos, seamos de izquierda o derecha, pues si en corto tiempo no logramos dinámicas políticas con soluciones sensatas, esas intransigencias emocionales, de un lado y del otro, prefigurarán el destino próximo. Además, porque los desafíos actuales corresponden con fundamentos primarios -o sea, democracia o despotismo, bienestar o pobreza- compartidos por liberales democráticos, democristianas, socialdemócratas y socialistas democráticos, etcétera.


La democracia política reclama que cada ciudadano no intente un orden social correspondiente a “su verdad ontológica y ética” puesto que la política resulta un instrumento de otra índole, en función del “bienestar general”, que implica el beneficio de tales individualidades y particularidades, sin excepción. El comportamiento cívico respeta las leyes, cumple los deberes ciudadanos y aporta a la sociedad, pero no moraliza la política. Por supuesto que la ética de los operadores debe henchir este quehacer, como cualquier acto humano, pero no más. De lo contrario, podemos resquebrar la democracia.


Esto debe alejarnos del dogmatismo -mero espejismo arbitrario y rígido- y acercarnos a la búsqueda flexible de la realidad, desde una racionalidad de la negociación. Sólo la negociación como naturaleza de la política hace posible que, en sociedades vigorosas y plurales, unos y otros se aproximen al desarrollo esperado.


No obstante, habrá de evitarse que tal racionalidad se aleje de la eficacia política e instale el solo cálculo oportunista. Será posible impedirlo, exclusivamente, si toda ejecución procura el desarrollo de la libertad y los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley, el bienestar y la paz. Estos pilares de toda política decente sí han de ser innegociables.


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