• Alexei Padilla Herrera

El 11-J evidencia una ciudadanía que alcanzó mayoría de edad

Alexei Padilla, comunicador social, responde a Cuba Próxima sobre el 11-J


1- ¿Cuál ha sido el significado de las protestas del 11-J para Cuba y el gobierno?

Las manifestaciones, la mayoría pacíficas, en todas las regiones de Cuba, rompieron el mito de la supuesta unidad monolítica del pueblo en torno del Partido Comunista de Cuba (único) y sus máximos dirigentes. Las y los ciudadanos cubanos que salieron a las calles en todas las regiones del país, lo hicieron amparados por la Constitución de 2019 que con menos ambigüedades que su predecesora, reconoce el derecho de libertad de expresión y de manifestación.


Las protestas del 11-J y las respuestas del Gobierno ante ellas evidenciaron, por tanto, el desgaste de un régimen político acostumbrado a interactuar con una sociedad integrada por personas que eran más militantes y soldados de la Revolución que ciudadanos. Vimos un gobierno acostumbrado, parafraseando a Martí, a mandar como si de un campamento militar se tratase, frente a una parte de la ciudadanía que ya llegó a su mayoría de edad.


No estoy idealizando o sobredimensionando el significado del estallido. Cuando hablo de mayoría de edad, conecto lo ocurrido el 11-J con las transformaciones por la que viene pasando la sociedad civil cubana desde la década de 1990. Ha sido un proceso de crecimiento, diversificación, pluralización y transnacionalización de la sociedad civil cubana, frente a un Partido-Estado-Gobierno que exige que la sociedad se adapte a sus objetivos y métodos y no que el Partido-Estado-Gobierno se adapte sus estructuras, conceptos y métodos a los cambios sociales. No para someter a la sociedad, sino para responder a sus necesidades, que no solo son materiales. No en balde, escuchamos personas coreando libertad. ¿De qué libertad hablaban estas personas? Pues de la expansión de los derechos civiles, políticos y económicos.


2- ¿Cuáles son las motivaciones y las causas del 11-J?

Las causas son de naturaleza económica, social, política y sanitaria. La mayoría de la población cubana y en especial las personas cuya pobreza material las hace más vulnerables, sufren las consecuencias de una crisis económica no coyuntural sino estructural, agravada por los impactos de la pandemia de la Covid-19 y el recrudecimiento del bloqueo/embargo de los Estados Unidos contra Cuba. No puedo dejar de mencionar los impactos negativos de la apertura, en toda Cuba y en números cada vez más crecientes, de tiendas en moneda extranjera que además de significar un proceso de dolarización parcial de la economía, excluye del consumo de bienes, inclusive algunos de primera necesidad, a todos los ciudadanos que no tienen acceso a divisas internacionales. Y claro, el impacto negativo de la llamada Tarea de Ordenamiento Monetario, dilatada por más de 10 años y ejecutada en medio de la pandemia. La inflación galopante es una muestra el poco éxito, hasta ahora, de esa medida.


Social, porque en la última década (2011-2021), la mayoría de los ciudadanos no ha visto cumplidas las expectativas de un aumento del salario real, soluciones para el creciente déficit de vivienda, mayor acceso a alimentos y bienes de consumo, por solo mencionar algunas. Las esperanzas que la gente tenía en los resultados de las reformas económicas, iniciadas por el expresidente Raúl Castro, se han disipando ante la ralentización de esas reformas y la continuidad y agravamiento de la crisis económica estructural. Estamos recogiendo los frutos del “sin pausas, pero sin prisas”.


Hay que recordar que con la llegada de Raúl Castro a la presidencia del país, comenzó a predominar una visión más racionalista o tecnocrática. Fue entonces que vimos desaparecer, en vez de perfeccionar, importantes programas creados durante la Batalla de Ideas, como el de Trabajadores Sociales y la universalización de la enseñanza superior. Ese gobierno tampoco se ha resuelto el déficit de maestros y profesores en la educación general y técnico-profesional, con el consecuente impacto que eso trae en la calidad de la instrucción de niños y adolescentes.


Como el propio Gobierno ha venido reconociendo en las últimas semanas, en los últimos años la pobreza y la desigualdad han aumentado en Cuba, una realidad que las autoridades no ignoraban, pero matizaban y hasta ocultaban porque no era esa la imagen que pública que deseaba sobre el país. La prensa estatal también es responsable del ocultamiento de esas y otras realidades.


Además de lo anterior, la cubana es una sociedad mucha más diversa y plural. La posibilidad de viajar y estudiar en el exterior, el aumento de los contactos con personas provenientes de otras realidades, el aumento del consumo de productos comunicativos producidos en el exterior y del acceso a Internet, han contribuido a que un segmento conformado por jóvenes y adolescentes para los que la Revolución cubana es un hecho más del pasado que del presente, y que no tienen ni creen, como las generaciones anteriores, en que los sacrificios y carencias de hoy son necesarios y desaparecerán con el advenimiento del comunismo. Esa generación es hija de una crisis económica permanente y no conoció el breve esplendor del socialismo de Estado cubano. Pero también debo hablar de las personas maduras conscientes de que sus años de trabajo no serán suficientes para tener, en su vejez, una seguridad económica proporcional a su esfuerzo y contribución social. Las insatisfacciones de las personas no se resuelven con trabajo político-ideológico, sino con crecimiento económico y distribución justa de la riqueza creada.


Durante la pandemia, centenas de miles de ciudadanos que trabajaban de manera informal se quedaron sin ingresos y no recibieron un auxilio financiero del Estado. Habitantes de comunidades no legalizadas, en provincias como La Habana y Matanzas, además de perder sus ingresos, no tenían acceso a los alimentos que el Estado garantiza a todos los ciudadanos del país, por medio de la libreta de abastecimientos. Al vivir en viviendas no legalizadas, no tenían derecho a una libreta. Este último es un problema que el Gobierno, según la prensa, ha comenzado a resolver después del 11-J.


En lo político, la rigidez del régimen y sistema políticos cubanos. De un lado, el gobierno optó, como siempre, por la criminalización del disenso, en lugar de abrir espacios y diálogo. El gobierno cubano no dudó en atacar para destruir iniciativas ciudadanas legítimas como el Laboratorio de Ideas Cuba Posible ni en sacar de las aulas universitarias a destacados y respetados profesores que, en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de prensa, publicaban artículos en medios de comunicación no estatales. Debo mencionar la publicación del Decreto 348, en 2018, y del Decreto-Ley 370, en 2019. El primero fue pensado para limitar la libertad de creación y decidir qué es y qué no es arte, y quién o no artista. El segundo, en su artículo 68, restringe la libre expresión en Internet, con el pretexto de proteger el interés público, la moral y las buenas costumbres.


El Movimiento San Isidro, hijo de la inconformidad de parte del campo artístico e intelectual con el Decreto 348, fue criminalizado desde prácticamente su surgimiento. No escaparan de esa suerte el Movimiento 27N, los colectivos feministas y antirracistas, así como la breve Articulación Plebeya y prácticamente la totalidad de medios alternativos o independientes. Desde Cuba Posible hasta Articulación Plebeya ha quedado muy claro que para el Partido-Gobierno-Estado cubano, cualquier iniciativa ciudadana que no se le subordine, será acusada de hacerle el juego a su enemigo.


Otro aspecto a considerar es el desempeño de los gobiernos municipales y provinciales durante la pandemia. Recordemos que los apagones y la lentitud de la campaña de vacunación en San Antonio de los Baños están entre las causas de las protestas en esa localidad, la primera en salir a las calles. Lo mismo aplica a la provincia de Matanzas, donde las autoridades municipales y provinciales demoraran en reconocer públicamente la gravedad de la situación epidemiológica y el riesgo de que el sistema hospitalario colapsase. El silencio de esos gobiernos locales y de la prensa, contrastaba con las denuncias de los ciudadanos en las redes sociales.


Otro elemento muy importante ha sido y es la política de sanciones del gobierno de los Estados Unidos, que apuesta a que un estallido social forzaría un cambio de régimen en Cuba. Es innegable que diferentes actores asentados en los Estados Unidos han incentivado a sus compatriotas de la Isla para que salgan a las calles a manifestarse contra el gobierno cubano. No obstante, si de jerarquizar las causas se trata, coloco en primer lugar los problemas políticos, económicos, sociales propios del país, agravados por los efectos del bloqueo/embargo y la pandemia. Cuáles de esos problemas son resultado directo del bloqueo/embargo y cuáles no, merece otro dossier. Yo defiendo que en lo político, las sanciones estadounidenses contra Cuba intensifican aspectos inherentes a cualquier régimen de corte soviético, no las crea. Los llamados socialismos reales han demostrado que son plazas sitiadas con dos muros o fosos de protección: uno para sus enemigos externos y otro para protegerse de la rebeldía de sus propios ciudadanos.


¿En qué medida los Estados Unidos son responsables de que en Cuba no exista un tribunal constitucional, de que la Asamblea Nacional no haya elaborado la ley que regula el ejercicio de los derechos constitucionales y, sin embargo, ya esté analizando nuevas leyes sobre materias penales?


No podría dejar de mencionar que el acceso de buena parte de la población cubana a Internet, pudo haber favorecido a que las protestas de extendieran a todas las regiones del país. Internet también ha sido medio muy importante para documentar el estallido social y la represión de las fuerzas del orden contra manifestantes pacíficos y personas que habrían participado en saqueos de establecimientos comerciales y agredido a policías y agentes antimotines. Mientras los medios estatales se empeñan en criminalizar las protestas y divulgar los respetables testimonios de policías y apoyadores del Gobierno que fueron agredidos durante las manifestaciones, las víctimas de la violencia policial y de las arbitrariedades del poder judicial no han tenido espacio en los medios que, según la Constitución, son propiedad de todo el pueblo. ¿Quiénes hacen parte del pueblo en Cuba? Las personas que según el Gobierno no tienen derecho a contar sus historias en los medios “de todo el pueblo”, han encontrado en las redes sociales y vehículos informativos independientes, una plataforma para contar, denunciar y exigir justicia.


3- ¿Cómo evalúa la respuesta del gobierno cubano y su interpretación de estos sucesos?

El llamado al combate, realizado por el presidente Díaz-Canel, denota que el gobierno, durante las manifestaciones, no vio a una parte del pueblo cubano en la calle, sino a enemigos a los que había que reprimir y reducir. Es muy probable que la violencia del discurso de Díaz-Canel haya contribuido a que la violencia se desatase en las calles. No hablo solo de los saqueos, ataques a instalaciones públicas, destrucción de patrullas y automóviles, agresiones contra agentes del orden, sino también de los casos de abusos contra manifestantes pacíficos, perpetrados por la policía, tanto en la calle, como en estaciones y centros de detención. Violencia de Estado que se extiende a los juicios sumarios que sucedieron las protestas.


La convocatoria al enfrentamiento violento entre cubanos es injustificable. No es lo que se esperaría del líder de una nación en la que se presumía habitaba el que llegaría a ser pueblo más culto del mundo. Las hordas armadas con palos para intimidar y golpear a los manifestantes me recuerdan los paramilitares que Gerardo Machado empleaba contra sus detractores.


La moderación que Díaz-Canel mostró en intervenciones posteriores al 11-J, demuestra el grave equívoco que cometió al utilizar frases como “por encima de nuestros cadáveres”, “la orden de combate está dada” y “las calles son de los revolucionarios”. Creo que el gobierno cubano se sorprendió con la masividad de las protestas y el hecho de que hayan acontecido en todas las regiones del país. Tal vez imaginaron que con el cerco montado a disidentes y opositores sería suficiente para evitar el estallido social. Quizás temían que la situación se les fueras de las manos, pero no hay dudas que se enfrentaron a un hecho inédito.


No obstante, hoy el gobierno cubano sabe bien lo que pasó el 11-J y la multiplicidad de sus causas. La reuniones de Díaz-Canel con jóvenes universitarios, economistas y con líderes de cristianos protestantes, agrupados en el Consejo de Iglesias de Cuba, de un lado, y la implementación de medidas postergadas, como la flexibilización temporal de la importación alimentos y medicinas, una demanda de los cubanos emigrados, el rescate de las brigadas de trabajo social, las visitas a las comunidades vulnerables, la entrega de libretas de abastecimientos a miles de familias, entre otras medidas, indican que las autoridades cubanas saben cuáles son los motivos del estallido social.


El gobierno cubano sabe que las personas que optaron por manifestarse de forma pacífica estaban ejerciendo un derecho, no delinquiendo. Pudiera decirse que la reacción del presidente Miguel Díaz-Canel –llamando al enfrentamiento entre comunistas y manifestantes– es coherente con la naturaleza de un régimen político de corte soviético y postotalitario que desde su instauración ha criminalizado el disenso y limitado e instrumentalizado los derechos civiles y políticos de las y los ciudadanos. Empero, los máximos dirigentes del Partido-Gobierno-Estado deben entender que, con la paulatina desaparición física de los últimos integrantes de la llamada generación histórica, la legitimidad del modelo cubano como un todo, dependerá de su capacidad de satisfacer, en primer lugar, las necesidades materiales de la inmensa mayoría de la sociedad. Máxime en una época en que los problemas sociales como la pobreza, la desigualdad, los barrios marginalizados, el empleo informal, el racismo, la violencia de género, entre otros, son denunciados a diario y visibilizados, gracias al aumento del número de ciudadanos conectados a Internet.


Sorprende, por ejemplo, que países como Brasil y Perú tengan legislaciones que castigan las violencias contra la mujer, y en Cuba ni siquiera se esté discutiendo públicamente la elaboración y aprobación de una legislación similar, a pesar del aumento comprobado de los feminicidios. Es frustrante que la decorativa Asamblea Nacional del Poder Popular no sea un espacio para que representantes y representados puedan conversar sobre ese y otros temas.

De otra parte, las intervenciones y declaraciones del canciller Bruno Rodríguez hacen parte de una estrategia de defensa que intenta convencer la comunidad internacional de que en Cuba no hubo estallido social, sino disturbios en algunos puntos del país, y de la responsabilidad directa del gobierno de los Estados Unidos en los acontecimientos.


4- ¿Qué criterios predominan sobre el 11-J en la opinión pública nacional e internacional?

Necesitaríamos de un sondeo para saber las opiniones de los cubanos sobre el 11-J. Las conversaciones que tuve con familiares y amigos que están en la Isla develan una fuerte polarización. Algunos defienden acríticamente al gobierno por convicción, otros lo defienden, pero identifican sus errores, incluyendo el llamado a la violencia, al tiempo que rechazan los saqueos y agresiones. Para ellos, cualquier forma de protesta social que tome las calles no es legítimo porque altera el orden público y da armas al enemigo. Por otra parte, los medios estatales no han cesado de criminalizar las protestas, reducirlas a disturbios y ataques a comercios, centros de salud y agresiones a policías. Han impuesto la narrativa de que la mayoría de los videos en los que se ve a las tropas especiales reprimiendo al pueblo son falsos. Han denunciado las noticias falsas que han circulada en la red, pero no han exhibido los videos que documentan el carácter pacífico de la mayoría de las manifestaciones y la represión, desmedida en algunas localidades, de las fuerzas del orden. Todo eso reafirma que los medios estatales cubanos siguen haciendo propaganda política o servicio de vocería, en el mejor de los casos. Junto al sistema educaci4onal, los medios estatales cubanos son responsables de los déficits de cultura cívica y democrática en buena parte de los ciudadanos cubanos.


El tema Cuba es motivo de polarización en Brasil. Como era de esperar, la derecha brasileña condenó al gobierno cubano y defendió a los manifestantes. Sin embargo, no se pronunció a favor del fin de las sanciones de los Estados Unidos contra Cuba. El presidente Jair Bolsonaro dio una declaración bastante alineada con el discurso de la Casa Blanca y de la derecha tradicional en relación a Cuba. Es paradójico que un presidente que ha demostrado su desprecio por las instituciones democráticas exprese su preocupación por lo que ocurrió en la Isla.


En general, la izquierda tradicional expresó su solidaridad con el gobierno cubano y con los sectores del pueblo que lo apoyan incondicionalmente, sin mencionar la represión policial. En los días posteriores al estallido social, varios periodistas e intelectuales de izquierda realizaron análisis de la realidad cubana que prácticamente reproducen el discurso del canciller Rodríguez Parrilla y no ahondan en los problemas internos que el país enfrenta. Son análisis que ponderan la política agresiva de los Estados Unidos contra Cuba, pero ignoran los déficits democráticos del régimen político vigente en Cuba.


Parece obvio que para una parte de la izquierda brasileña y latinoamericana Cuba es, sobre todo, una referencia, un faro, el último bastión del socialismo real. Ese exceso de idealismo, que en algunos casos particulares llega a ser idolatría, les impide hacer un análisis más realista de la situación de Cuba. En algunos casos no les interesa salir de su zona de confort o burbuja ideológica. Algunas personas, inclusive jóvenes, asumen posturas más extremistas y llegan a descalificar a las personas que no comparten sus puntos de vista. A algunos les he dejado muy claro que, así como los cubanos no aceptamos la injerencia de los Estados Unidos en nuestros problemas internos, tampoco aceptamos las de ellos. Los problemas de Cuba, les he dicho, deben resolverlos los cubanos. La solidaridad que ellos profesan a la Revolución cubana no debe incluir ataques contra cubanos y cubanas que expresen sus desacuerdos con su gobierno. No obstante, el fanatismo, el fundamentalismo y la intolerancia no es patrimonio exclusivo de la extrema derecha. Por suerte, estamos hablando de un sector minoritario.


Ya personalidades como el expresidente Lula y el intelectual Frei Beto fueron coherentes con la larga amistad que han mantenido con el gobierno de Cuba. Otros sectores de la izquierda brasileña reconocen las conquistas sociales que Cuba alcanzó después del triunfo de la Revolución de 1959, condenan el bloqueo/embargo de los Estados Unidos, pero no dejan de reconocer que, como todo régimen de corte soviético, Cuba no puede ser considerada una democracia política formal. En ese sentido se pronunció Ciro Gomes, político de centro izquierda que disputó la presidencia en 2018 y pretende hacer lo mismo en 2022.


5- El 11-J estremece la nación, devasta los frágiles soportes del inmovilismo oficial, desata odios y coloca a Cuba al borde de una guerra civil; condición en la cual no debe permanecer el país. ¿Cómo deben actuar el gobierno, la oposición democrática y la sociedad civil para un cambio sociopolítico que además implique una reconciliación nacional?

El término “guerra civil” me hizo recordar que la intransigencia, la intolerancia y la legitimación de la violencia son elementos de la cultura política del pueblo cubano desde antes de la Revolución de 1959. O sea, no fueron creados por la Revolución, pero sí legitimados y están muy presentes en nuestros discursos, prácticas, en la forma como nos relacionamos con las personas con las que tenemos diferencias de criterios y/o ideológicas. Desde el punto de vista formal, los principios, valores e instituciones democráticos son el contrapeso a la intransigencia, la intolerancia y la legitimación de la violencia. El llamado al enfrentamiento entre cubanos, la participación de civiles, apoyados por agentes del orden, en la represión de las protestas del 11-J, las denuncias de maltratos físicos y psicológicos contra los detenidos en estaciones de policía y centros de detención, son ejemplos inequívocos de la legitimación de esos antivalores democráticos.


Yo no concibo el fin del bloqueo/embargo sin la reconciliación nacional. La colaboración de la comunidad de emigrados cubanos que vive y vota en ese país es un factor clave para que el gobierno de los Estados Unidos levante las sanciones económicas contra Cuba. Es improbable que alguna administración estadounidense consiga levantar todas las sanciones contra Cuba sin contar con la opinión de la influyente comunidad cubana.


Avanzar hacia la reconciliación nacional, reitero, más que un acto de fe ideológica, es una cuestión pragmática. Sin embargo, no concibo la reconciliación bajo un régimen político que hasta hoy criminaliza el disenso, no reconoce el pluralismo político, exige lealtad y confianza, al tiempo que reprime el empoderamiento ciudadano. Resulta paradójico que el gobierno cubano manifieste su voluntad de resolver el diferendo con los Estados Unidos por medio del diálogo, la negociación y el respeto mutuo, al tiempo que descalifica, criminaliza y viola los derechos de artistas e intelectuales cubanos que llegaron hasta el Ministerio de Cultura para intentar dialogar con las autoridades culturales del país. Además de con los Estados Unidos, el Estado cubano debería normalizar las relaciones con todos los sectores de la sociedad civil, dentro y fuera de Cuba.


Debo también añadir que la reconciliación no solo depende de la voluntad del gobierno cubano y de los líderes políticos de la comunidad cubana en los Estados Unidos, sino de toda la sociedad. Por tanto, creo que el papel de la sociedad civil y de las fuerzas democráticas, es seguir trabajando por ese fin. Es una lucha muy difícil, desgastante, arriesgada y, en ocasiones, frustrante, porque más que convencer a los decisores en ambos lados del Estrecho de la Florida, hay que lograr que la sociedad cubana, dentro y fuera de la Isla, defienda y se movilice por esa causa. Y eso significa apostar por la reeducación democrática, la transformación, para bien, de nuestra cultura política, por el respeto, la empatía, el diálogo. Infelizmente, no es eso lo que está predominando.


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