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Comunicación de Cuba Próxima


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En la mañana del 1º de febrero de 2022, el historiador Leonardo Fernández Otaño, miembro del Consejo Deliberativo de Cuba Próxima, fue citado, interrogado y sometido a tratos denigrantes, por parte de agentes del Departamento de Seguridad del Estado.


La víspera, activistas y familiares de presos políticos, fueron detenidos violentamente después de manifestarse de forma pacífica y cívica en las proximidades de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, en La Habana, donde serán juzgados 33 ciudadanos, entre ellos seis menores de 18 años edad, acusados del delito sedición, por tomar parte en las protestas populares del 11 de julio de 2021.


¿Por qué se criminaliza Leonardo Fernández Otaño y otros ciudadanos? Por abogar abiertamente por la liberación de centenas de cubanas y cubanos encarcelados injustamente antes, durante y después de las protestas masivas del 11 de julio de 2021, y por brindar solidaridad y apoyo moral y espiritual a familiares de estos presos políticos, en su mayoría, personas de origen humilde y residentes en comunidades históricamente marginalizadas.


Ante estos hechos, Cuba Próxima:


- Repudia la normalización de las citaciones arbitrarias, los interrogatorios sin la presencia de un abogado y de la violencia psicológica contra Leonardo Fernández Otaño con el propósito de doblegarlo para que renuncie al ejercicio de sus derechos constitucionales y abandone su labor en pro de la liberación de las personas encarceladas injustamente antes, durante y después del 11J.


- Expresa su solidaridad y apoyo irrestrictos al colega Leonardo Fernández Otaño, a los presos políticos del 11J, a los familiares de éstos, a los ciudadanos Camila Rodríguez, Carolina Barrero, Arián Cruz Álvarez (Tata Poet), Daniela Rojo, Leonardo Romero Negrín y Alexander Hall, y la hace extensiva a Saily González Velázquez, activista residente en Santa Clara.


- Exige el fin de la represión del Departamento de Seguridad del Estado contra familiares de presos políticos, activistas, periodistas independientes y ciudadanos en general que disienten del actual orden de cosas.


- Condena la detención arbitraria y tratos degradantes a familiares de presos políticos del 11J y activistas que se manifestaron pacíficamente en los alrededores de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, en la capital de Cuba.


- Denuncia que después de las protestas masivas contra la administración del presidente designado, Miguel Díaz-Canel, cientos de ciudadanos que ejercieron pacíficamente el derecho de manifestación, han sido detenidos y condenados, en procesos legales amañados, a sanciones que superan, en no pocos casos, los 20 años de privación de libertad.


- Exige el inicio de una investigación seria y transparente que identifique a los agentes del orden público que hicieron uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas populares del 11J, y que, respetando el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, dichos agentes sean juzgados, sin detrimento del debido proceso legal.


- Reafirma su compromiso con la lucha por la liberación de todos los presos políticos, la construcción de una República plural, democrática, basada y orientada por el respeto y el ejercicio de los Derechos Humanos, la inclusión sociopolítica, el Estado de Derecho, la concertación política y la búsqueda del bienestar de la nación cubana.



Consejo Ejecutivo, 2 de febrero de 2022.



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