• Cuba Próxima

Comisión de Verdad, Justicia, Reconciliación y Memoria Histórica


Imagen © AFP

(Compartimos el segundo acápite del documento de Cuba Próxima “Pensando en el Futuro, Actuando en el Presente”, dedicado a la verdad, la justicia, la reconciliación y la memoria histórica en Cuba)


Una Cuba democrática será más sólida si además consigue promover la verdad y la justicia, como bases de una necesaria y deseable reconciliación nacional con reparación económica, política, judicial, psicológica, social y moral, en beneficio de todo el pueblo de Cuba, sin exclusiones. Cuba Próxima fomentará el establecimiento de una comisión ad hoc, imparcial e independiente, bajo las siguientes premisas:


El trabajo de la Comisión deberá estar refrendado legalmente y el Estado deberá establecer las condiciones de seguridad para su labor y de los comisionados y quienes participen en sus labores— incluidos los testigos— y facilitar recursos suficientes para realizarlo.


Las conclusiones del trabajo de esta Comisión deberían contar con aprobación parlamentaria.


La Comisión debe trabajar con los siguientes objetivos:


1- Esclarecer —de conjunto con la sociedad civil— lo ocurrido durante el período en disputa y ofrecer una explicación amplia de la complejidad y sus efectos, de forma que promueva un entendimiento compartido en la sociedad.


2- Facilitar la paz y gestionar la justicia por medio de la incorporación de las personas afectadas por el Estado, a través del logro de un acuerdo sobre los posibles derechos a reclamar, los daños ocasionados que deben ser resarcidos, y la manera de gestionarlo.


3- Promover y validar la constitución de una Audiencia de Verdad y Justicia, con las debidas reglas procedimentales y profesionales del derecho y la investigación.


4- Promover y validar un sistema autónomo de asesoría y defensa —gratuita si el solicitante careciera de recursos—, integrado por abogados defensores debidamente cualificados.


5- Promover la restauración material, social y psicológica de las personas directamente afectadas, mediante programas que fortalezcan su dignidad y empoderamiento, bajo los principios de la solidaridad y la diversidad política, de raza, género, clase, etcétera.

6- Promover la Memoria Histórica Plural, a modo de experiencia, por medio de investigaciones y exposiciones, civiles y académicas, totalmente libres, que puedan aportar a la experiencia histórica, la cultura civilista y el quehacer político. Las investigaciones y exposiciones aportarán una visión crítico-objetiva de la primera y segunda repúblicas que indiquen sus errores y aciertos. Se basará en análisis historiográficos, trabajos de prensa, investigaciones censuradas, programas de televisión y películas censuradas y olvidadas en su momento de realización, tanto de ficción como documentales, testimonios de personas y colectivos, archivos y medios independientes que llevan años trabajando por guardar esa otra parte de la historia de Cuba, archivos de organismos de la administración central del Estado, archivos fotográficos de personas e instituciones que nunca hayan sido divulgados, información clasificada que oculte violaciones de Derechos Humanos, procesos de exclusión de figuras importantes de la política cubana de la etapa revolucionaria, procesos penales a figuras trascendentales del mismo período, testimonios de individuos, relatos familiares sobre los procesos masivos de emigración desde Cuba en 1965, 1980, 1994 y años posteriores. Además, esto se podría expresar en la redacción de libros de textos de historias para las escuelas, la remodelación del diseño y contenido de museos de historia y de artes, la construcción y reconstrucción de monumentos, entre otras iniciativas.


Para integrar la Comisión:


1- La Comisión estará integradas por un número impar de miembros, de acuerdo con el perfil que sea establecido y con procedimientos que aseguren la mayor equidad política, social, territorial, de sexo y raza, así como legitimidad, imparcialidad e independencia.

2- Cualquier cubano podrá presentar su candidatura a miembro de la Comisión.

3- Quienes pretendan integrar la Comisión deberán poseer probado civismo, conocimiento de los conflictos y de las materias implicadas, y reconocido compromiso con Cuba.

4- Un parlamento plural que provenga de las primeras elecciones libres designará un Comité de selección que evaluará las candidaturas utilizando diversos métodos y presentará las nominaciones a los diputados para que, de entre el listado, estos elijan a los miembros de la Comisión por medio del voto libre, directo y secreto.

5- El presidente de la Comisión debe ser propuesto por un acuerdo entre el equipo de gobierno en funciones y representantes legítimos de la ciudadanía, a condición de que sea una personalidad con legitimidad nacional e internacional. Este debe ser aprobado por mayoría cualificada de este parlamento plural y electo de manera democrática.


La Comisión debe establecer y hacer público su programa, reglamento y metodología de trabajo.


Debe garantizar la objetividad e imparcialidad de sus actividades, para lo cual habrá de contrastar y verificar la calidad de la información que recolecte, incluyendo su confiabilidad, e identificar y desdeñar la información falsa.


La Comisión podría solicitar la información que requiera de los magistrados, jueces y organismos de investigación, de acuerdo con los protocolos que se establezcan para el efecto, siempre respetando las garantías jurídicas y administrativas.


La información que reciba o produzca la Comisión no debe ser trasladada por esta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades judiciales deben requerirla. Al respecto solo aportaría a la certificación de cuáles casos corresponderían ser tratados por el sistema de justicia como reconocimiento de verdad y responsabilidad.


Sus actividades no tendrán carácter judicial, ni podrán implicar la imputación penal de quienes comparezcan ante ella, aunque tampoco deberá servir de excusa dilatoria para los debidos procesos penales que emprendan la fiscalía y los afectados.


Los miembros de esta Comisión quedarían exentos de declarar en procesos judiciales y ser denunciados por supuesto delitos relacionados con el trabajo de esta Comisión y que tengan como objetivo la persecución política, realizar denuncias. Además, sus opiniones y conclusiones no podrían ser cuestionadas judicialmente.


La Comisión debe publicar los resultados de su trabajo y para ello contaría con una estrategia de divulgación, garantizada por el Estado de manera transparente y sin preferencia ideológica.


Resultados de la Comisión:


1- Informe final a la sociedad civil y al Estado que considere las miradas plurales, refleje las investigaciones y exponga conclusiones y recomendaciones.


2- Orientación a las víctimas sobre el restablecimiento de sus derechos y los mecanismos para exigirlos.


3- Constituir un archivo con la información recolectada y asegurar su preservación.


La Comisión, una vez logrado sus resultados y antes de cesar sus labores, debe crear un Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión, el cual estará integrado por representantes de distintos sectores de la sociedad y contará con las garantías del Gobierno.


Deberá establecerse una Ley de Verdad, Justicia, Reconciliación y Memoria Histórica, aprobada por mayoría cualificada del parlamento plural que provenga de las primeras elecciones libres.


Situaciones y hechos que demandan verdad y justicia


1- Represión contra disidentes, opositores políticos y comunidades de fe.


2- Discriminación y represión por motivos raciales.


3- Presos políticos.


4- Conductas criminales durante la guerra civil de la década del 60.


5- Discriminación y represión contra Comunidad LGTBIQ+.


6- Víctimas de actos terroristas.


7- Víctimas de las salidas ilegales del país.


8- Exilio y emigración.


9- Actos de repudio.


10- Penas de muerte ejecutadas. Fusilamientos expeditos por motivos políticos.


11- Participación de Cuba en conflictos internacionales y daño a familiares de los muertos y víctimas.


12- Proceso de nacionalizaciones y expropiaciones.


13- Purgas de intelectuales y artistas.


14- Adoctrinamiento escolar y vulneración del derecho al estudio por motivos políticos, ideológicos y religiosos.


15- Eliminación de espacios independientes en la sociedad civil (unificación forzosa de partidos, eliminación de los pequeños y medianos negocios en 1968, campañas agrícolas y de defensa obligatorias).


16- Limitaciones ilegales de la libertad personal (encierro forzoso en viviendas al margen de la ley).


17- Categoría de peligrosidad predelictiva.


18- Asesinatos de reputación en los medios de comunicación estatales.


19- UMAP.


20- Hundimiento del remolcador 13 de marzo.


21- Masacre del río Canimar.


22- Derribo de avionetas de Hermanos al Rescate.


23- Colectivización forzosa y traslado paralegal de comunidades y pueblos enteros. Del Escambray a Sandino.


24- La represión por el 11J. Casos de niños presos, sin condenas jurídicamente sustentadas.


25- Muerte de los líderes opositores Laura Pollán Toledo, Oswaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero.


26- Muertes por huelgas de hambre.


27- Víctimas por expatriación forzosa.


28- Cualquier involucramiento en crímenes políticos organizados.


Sobre Demandas Judiciales


Las querellas por violaciones de derechos durante el periodo del conflicto serían presentadas ante los correspondientes tribunales ordinarios, una vez conseguida la independencia funcional, presupuestaria y jerárquica del sistema de justicia.


Los tribunales resolverían las disputas vinculadas con «ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad» y también de aquellas relacionadas con «reconocimiento de verdad y responsabilidad».


En estos últimos casos, los jueces podrían considerar estos reconocimientos como atenuantes extraordinarias si hubieran sido procesados y certificados correctamente por la Audiencia de Verdad y Justicia.


Los jueces procurarían, en todos los casos, una justicia prospectiva respetuosa de los valores del presente y a la vez ocupada en culminar conflictos que no deben ser perpetuados y afectar además los derechos de las futuras generaciones; con sanciones que satisfagan los derechos de las víctimas y consoliden el Estado de Derecho.


Los tribunales entregarían copia de la documentación de estos procesos a la Comisión de Verdad, Justicia, Reconciliación y Memoria Histórica o al Comité de seguimiento y monitoreo, según el caso.


Toda la ciudadanía cubana y los órganos y organismos internacionales de Derechos Humanos tendrían acceso a esta documentación a los efectos de corroborar el cumplimiento de las garantías en los procesos.


Cuba-Estados Unidos


Cualquier proceso en Cuba de cambio sociopolítico, diálogo reconciliador y bienestar nacional, exige relaciones positivas con Estados Unidos, a partir del respeto a la soberanía de ambos pueblos. Sin una relación bilateral favorable no será posible la estabilidad económica, política y social en la Isla. Lo cual debería acontecer a través de un diálogo entre ambos estados, que implique a la sociedad civil y la oposición democrática cubana radicada en la isla y en otros países. Tal senda debería definir y establecer modelos de resolución política y legal sobre cuestiones bilaterales por solucionar. El fin del embargo/bloqueo y la negociación de la salida de la base naval de Guantánamo serán pilares de la refundación de estos vínculos. Una comisión (conjunta) debería trabajar para propiciar este proceso en ambos países.


Los conflictos deben quedar en el pasado


Cualquier proceso de reconciliación también demanda crear condiciones que aseguren la no reproducción de los conflictos que necesitaron reconciliación. Ello en Cuba exige establecer libertad, igualdad, Derechos Humanos, participación política, transparencia pública, sistema de gobierno democrático y modelo electoral libre, erigidos sobre la Justica y por medio de un Estado de Derecho.


La Justicia exige responsabilidad y equidad en la protección y reclamación de los derechos y la prevención y el castigo de las infracciones; implica tener en cuenta los derechos del acusado, los intereses de las víctimas y el bienestar de la sociedad en su conjunto. El Estado de Derecho demanda respeto de los Derechos Humanos, primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, acceso a información veraz y oportuna, separación de poderes, participación democrática en la adopción de decisiones, legalidad, limitación del ejercicio del poder del Estado, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal.


Verificación internacional


El proceso, a su vez, necesitaría de apoyos externos. Requeriría de la capacidad gestora, mediadora y negociadora de la diplomacia internacional como la ONU, la Unión Europea, la CELAC, el CARICOM y la OEA que desde hace años invita al regreso de Cuba y, también, del desempeño garante y facilitador de países como Canadá, Chile, México, Noruega, España y Alemania.


Este apoyo debería basarse en la normativa internacional de derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los refugiados. Además, debería implementar un mecanismo de verificación internacional, con exámenes continuos e informes periódicos.





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