• Sergio Ángel

Cambiar el contrato social que hoy rige a Cuba y desarrollar una Constitución democrática


Imagen © ADN

Responde a Cuba Próxima Sergio Ángel, investigador principal del Programa Cuba.


1- ¿En qué consiste la titularidad de la ciudadanía? ¿Por qué es importante?


La ciudadanía está constituida por el contenido y la titularidad. Los dos conceptos asociados a los derechos y deberes de los que goza un ciudadano, el primero en relación con los derechos que se han ido incorporando y que han ido en función de una progresión, como, por ejemplo, los derechos sociales, económicos y culturales. La titularidad por su parte, se refiere a las personas que pueden gozar de estos derechos y, en ese sentido, también con el tiempo se han ido ampliando como en el caso de las mujeres. La titularidad resulta esencial porque permite identificar las personas que pueden gozar de derechos en el marco de un estado de derecho, razón por la cual debe definirse con claridad la condición que deben tener las personas para poder hacer parte de esta condición y velar siempre por una postura garantista.


2- ¿Los cubanos emigrados deben tener derecho al voto en Cuba y representación parlamentaria?


Aunque son pocos los países que en el mundo permiten la representación de sus ciudadanos emigrados, es fundamental tener en cuenta el contexto y el tamaño de la población emigrada. En América Latina solo tres países permiten esta representación, a saber, Colombia, Ecuador y Panamá -sin implementar-. Y de los tres el que menos proporcionalidad les otorga a sus ciudadanos en el extranjero es Colombia con una sola curul (ver Cuadro 1). Si bien son menos los países que permiten esta representación, es de tener en cuenta que no todos los países tienen el mismo número de ciudadanos en el extranjero y no todos tienen la misma importancia en los destinos de su país. No es lo mismo un migrante que se ha desconectado de su origen y solo conserva la nacionalidad, de uno que envía remesas y visita eventualmente a su familia.


El caso cubano es emblemático en esta materia, pues teniendo en cuenta que para el año 2019 1.654.684 personas vivían fuera de la isla, según datos de Naciones Unidas y entre noviembre de 2021 y abril de 2022 142.000 personas habían llegado a la frontera sur de Estados Unidos, es estimable que el número de emigrados supere los dos millones y con ello supere el 20% de la población. Además, las remesas representan el segundo ingreso para Cuba después de la exportación de servicios, lo que deja ver que la comunidad emigrada tiene un rol muy relevante dentro de la economía de la isla. En este sentido, un país como Cuba con una comunidad de emigrados tan amplia e importante para los destinos de la nación debe pensar en garantizar los derechos ciudadanos de estas personas y una de las maneras de compensarlo es garantizando la representación en el legislativo.


Cuadro 1. Países con representación de sus ciudadanos emigrados en el legislativo












Fuente: tomado de la Red de conocimientos electorales con base en datos de International IDEA Handbook (2017)


En cuanto al derecho al voto de los emigrados el panorama es diferente con respecto al de la representación. 115 países permiten el voto en el exterior de sus ciudadanos, lo que quiere decir que pueden participar de las decisiones políticas y no pierden su condición de ciudadanía por no vivir en el territorio (ver cuadro 2). En este caso, es mayor la proporción y resulta acorde a una visión garantista y progresista, sobre todo, en clave de la ampliación de la titularidad de la ciudadanía, que evite restringir derechos para aquellos que por razones diferentes deciden abandonar el país.


Cuadro 2. Países que permiten el voto de sus ciudadanos emigrados













Fuente: tomado de la Red de conocimientos electorales con base en datos de International IDEA Handbook (2017)


Para el caso cubano, teniendo en cuenta el tamaño de su representación diplomática, 125 embajadas y 20 consulados en el exterior, resultaría más sencillo incorporar un sistema para garantizar la votación de su población, sin embargo, por el posicionamiento actual la prioridad es más la representación política y los intereses diplomáticos del país isleño que atender las necesidades de su propia población. Esto se explica en la desproporción entre embajadas y consulados, que contrasta con países como Colombia que tienen 63 embajadas y 104 consulados.


Una eventual transición, debería incorporar un mayor numero de consulados buscando atender a la población emigrada garantizando así que puedan votar. Esto no necesariamente implica cambiar el posicionamiento de Cuba en el mundo, pero si debe ser objeto de reflexión para la política exterior, pensar si el estado debe estar en servicio de sus propios ciudadanos o en función de una causa como la exportación de la Revolución.


3- ¿Los cubanos con doble o múltiple ciudadanía deben tener restringido el derecho a ocupar cargos de autoridad política en Cuba?


Los países democráticos tienen reglas diversas sobre la incorporación de sus ciudadanos con múltiples ciudadanías en cargos de elección y en cargos de libre remoción y nombramiento. Cada Estado debe evaluar si los cargos pueden ser desempeñados por personas que tengan otra nacionalidad y si esto afecta el desarrollo de su función. Por ejemplo, es común encontrar entre estas regulaciones que para prestar servicio exterior no se puede tener doble nacionalidad, porque se puede tener conflicto de intereses o se puede tender a no favorecer los intereses del Estado en cuestión.


Igualmente, es preciso diferenciar entre aquellas personas que adquirieron la nacionalidad por nacimiento o por adopción. En la primera categoría están aquellas personas que nacieron dentro del territorio o tienen sangre familiar de sus antepasados en el país; en la segunda categoría aquellos que no tienen vínculos de sangre y no nacieron en el territorio, pero se hacen nacionales por vínculos maritales, o de otro tipo. Es común encontrar que los cargos de autoridad se restrinjan a aquellas personas que adquieren la nacionalidad por adopción, pero se permitan para aquellas personas que lo tienen por cualquier condición de nacimiento.


En cuanto a los cargos de autoridad para personas con múltiples nacionalidades, se diferencian cargos como diputados, de cargos como presidente. Los primeros pueden tener otras nacionalidades, siempre y cuando hayan obtenido la nacionalidad por nacimiento; los segundos, suelen tener que renunciar a sus otras nacionalidades y deben cumplir con la condición de ser nacionales por nacimiento.


4- ¿Cuán afectada está la cultura cívica en Cuba? ¿Cuáles son sus potencialidades y cómo desarrollarlas?


La cultura cívica es el resultado de un proceso de interiorización de las normas y obediencia orientada a la convivencia ciudadana. Una sociedad como la cubana ha construido obediencia como resultado de un proceso de imposición en el que no hay acatamiento de las normas, razón por la cual existe una aceptación cultural de la ilegalidad y no hay aceptación moral de la legalidad. En otras palabras, las personas entienden como aceptable en el ámbito interpersonal que otros evadan la ley y reconocen como buena su evasión. Este es el resultado de un proceso en el que el contrato social fundante ha sido desvirtuado como resultado del incumplimiento de los proyectos que propuso la Revolución, dejando únicamente el carácter totalitario de su vigilancia y una norma que se aplica circunstancialmente de acuerdo con la persona que infringe la ley.


Teniendo en cuenta que hay tres modos de regulación, a saber, la ley, la moral y la cultura, y tal y como lo sostiene Antanas Mockus (2005) en su texto “Ley o moral ¿Cuál prima?”, el problema de la convivencia ciudadana radica en que no hay una armonización de los tres modos de regulación, por lo que es necesario transformar la cultura para que las personas desde la sanción social rechacen la evasión de la ley y cada uno desde su conciencia se sienta mal si evade la ley, es decir que la moral y la cultura deben adecuarse al orden normativo. Sin embargo, para que esto suceda es menester cambiar el contrato social que hoy día rige en Cuba y desarrollar una Constitución auténticamente democrática más allá de un solo partido político y los intereses de una clase gobernante.


Cuando el contrato sea modificado y la Constitución sea auténticamente democrática, ahí si será posible pensar en una cultura de la legalidad que permita avanzar en resolver los problemas de convivencia ciudadana, pero mientras eso no suceda, la cultura seguirá siendo de desconfianza, la obediencia ciega y los ciudadanos borregos de un poder que silencia.


5- ¿Cómo cree que sería una Cuba plural? ¿En qué se parecería a otras democracias? ¿Qué rasgos distintivos podría tener?


Una Cuba que acepte y tramite las diferencias, que dialogue y que tenga como punto de referencia un contrato vinculante desde la diversidad. No se pueden repetir los errores y desarrollar un nuevo contrato social excluyente que tome como punto de partida la venganza como política de Estado. De hacerlo se corre el riesgo de que en el corto plazo el proyecto fracase y las personas decidan volver al fracasado modelo anterior. Una Cuba plural debe avanzar en la progresión de derechos y vincular realmente a las mujeres, no como número en una Asamblea que ratifica sino en una asamblea que delibere.


El ejemplo más cercano a una transición democrática es el proceso vivido por los Estados de la URSS y en ese sentido, es menester procurar seguir modelos exitosos de transición y evitar caer en casos que hayan fracasado en el proceso de transición. Cada país tiene componentes propios y debe responder a sus propias circunstancias históricas y sus propias trayectorias, tal vez el elemento más distintivo de Cuba ha sido la enorme diáspora provocada en gran medida por razones políticas, razón por la cual el reto de democratización debe ser el de pensar el involucramiento en los asuntos políticos y ciudadanos a todos aquellos que se encuentran dentro de la isla, pero también a todos ellos que debieron migrar.

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